Ante el frecuente fraude que son objeto productores agrícolas, pesqueros, acuícolas, frutícolas y ganaderos, por presuntos compradores que no les pagan su producción, el Congreso del Estado reformó el Código Penal para sancionar esas conductas y brindar certeza y protección a los productores, señalaron diputadas y diputado.
Durante la discusión del dictamen que tipifica como fraude el incumplimiento de pago, las diputadas Alma Rosa Garzón Aguilar y Alba Virgen Montes Álvarez y el diputado Juan Carlos Patrón Rosales, estimaron que estas reformas permitirán castigar a los llamados “coyotes” que se llevan las cosechas de productores.
Alma Rosa Garzón, presidenta de la Comisión de Justicia, calificó como de las más trascendentes estas reformas que aprueba la 64 Legislatura, ya que fortalece el marco jurídico de protección a todos los productores agropecuarios.
“Esta reforma –dijo—se enmarca en la filosofía política que impera en el país desde 2018, que busca la consolidación de un estado benefactor que garantice un nivel adecuado de derechos”. Precisó que ese marco está formado por el programa de precios de garantía a productores alimentarios, el programa Sembrando Vida, el programa de Distribución de Fertilizantes, el programa de Motores Marinos, el programa de Siembra de Alevines, el Bien Pesca, entre otros. Para resaltar la importancia de lo que se protege con estas reformas, dijo que el valor de la producción agrícola y pecuaria en el año 2021 fe de 69 mil y 16 mil millones de pesos, respectivamente, mientras que la producción pesquera fue de 12 mil 528 millones de pesos.
El diputado Juan Carlo Patrón, de Morena, afirmó que la reforma aprobada habla del compromiso del Congreso para transitar del lado de los ciudadanos sinaloenses.
“La reforma—subrayó– establece que los compradores que se acerquen con los productores y hagan tratos verbal o por escrito tienen que cumplir con lo acordado”,
Recordó que el Congreso del Estado había estado recibiendo quejas de los productores, en el sentido de que en el tema del mango les pedían el producto, y como no había en el Código Penal un elemento sancionar la falta de pago, los compradores simplemente no pagaban.
“Eso –precisó– se tipifica ahora como un tema de fraude específico”.
Los productores, añadió, deben sentirse protegidos por la ley y por el Congreso del Estado.
La diputada Alba Virgen Montes Állvarez, del PAS, expuso que el no pago de cosechas es una situación que cada ciclo viven los productores del estado, y con ello sufren el abuso de los compradores, quienes les engañan para que les entreguen sus cosechas para luego no pagarles “No es meramente incumplimiento de contrato, sino que son conductas que buscan generar un daño a los productores y obtener un provecho ilícito”, dijo.
Es por eso, añadió, que el PAS se suma a la exigencia ciudadana de justica, pues no es posible que queden en la impunidad todas aquellas personas que se aprovechan de los productores.