Redacción

Culiacán, Sinaloa.- Mediante una iniciativa, busca el Diputado Local Marco Antonio Zazueta, que el desacato sea castigado.

En entrevista en el estudio del noticiero de radio y de redes sociales Viva La Noticia, conducido y dirigido por el periodista Enrique Gil Vargas, el legislador indicó que en el 2016 nació la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

“En la que se contempla varias series de delitos graves, entre ellos está el desacato como delito grave en sus artículo 63, en la misma Ley de Responsabilidades Administrativas, donde dice que cometerá desacato el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o de otra competente, no proporcione información o proporcione información falsa”.

Así como no dar respuesta alguna o retrase deliberadamente, sin justificación la entrega de información, en cual en este sentido solo queda como una responsabilidad administrativa, donde la misma ley habla de las sanciones que puedan llegar a tener, en ese caso es solamente una inhabilitación.

“Es solamente una suspensión temporal o una multa, pero el  Código Penal  no  contempla el tema del desacato como un delito que se pueda castigar con prisión a quien incumpla”.

Dicha iniciativa, dijo, ya fue presentada por los diputados  de Morena que integran la Comisión de Fiscalización, el diputado César Guerrero, Rita Fierro, y la diputada Nela Rosiely Sánchez junto con un servidor.

“Presentamos esta iniciativa donde agregamos un artículo, el 301 BIS-B, en el que dice, comete delito de abuso de autoridad el servidor público que obstruya, impida, la revisión de la aplicación de los recursos públicos, o niegue, no de respuesta o retrase sin justificación, la entrega sobre el uso de los mismos, que le requieren las autoridades fiscalizadoras”.

Quien cometa este delito, se le impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 500 a mil días de multa, la destitución e inhabilitación de 3 a 7 años para desempeñar un empleo cargo o comisión.

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