La censura de libros en Estados Unidos ha escalado a niveles inéditos, de acuerdo con un informe de PEN América, que advierte que nunca antes tantos estados habían aprobado leyes o regulaciones para facilitar la prohibición de títulos. Esta tendencia, subraya la organización, no solo se limita a ámbitos locales o estatales, sino que también se ha extendido al gobierno federal durante la administración de Donald Trump.
Según un análisis adicional de PEN América, más del 36 por ciento de los libros prohibidos incluyen personajes o personas de color, entre ellos latinos. Entre las obras vetadas figuran clásicos de autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Laura Esquivel, así como textos de escritores chicanos como Rudolfo Anaya y Sandra Cisneros, además de biografías y libros de no ficción con enfoques críticos sobre el colonialismo, el racismo o el capitalismo.
La censura también afecta de manera significativa a libros con representación de la comunidad LGBTQ+. Una cuarta parte de los títulos excluidos contiene personajes o temáticas relacionadas con diversidad sexual y de género, incluidos libros como Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe y The Lesbiana’s Guide to Catholic School, escritos por autores de origen mexicano.
En términos generales, los libros más prohibidos en el último año incluyen obras de autores ampliamente leídos como Stephen King, Ellen Hopkins, Sarah J. Maas y Jodi Picoult, lo que evidencia que la censura no se limita únicamente a textos académicos o de minorías, sino que también alcanza a la literatura popular.
En bibliotecas públicas, la American Library Association (ALA) ha documentado retiros masivos de libros en cumplimiento de directivas federales contra programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Estas medidas han afectado especialmente a textos sobre minorías étnicas, perspectivas latinas y temas LGBTQ+, incluso en instituciones federales como bibliotecas militares y escuelas del Departamento de Defensa.
PEN América define esta censura como la imposición de restricciones que impiden, total o parcialmente, el acceso de los estudiantes a ciertos libros, ya sea mediante prohibiciones directas o limitaciones que requieren autorización parental. Solo entre julio de 2024 y junio de 2025 se registraron 6 mil 870 incidentes de censura en 45 estados, elevando a más de 23 mil los casos acumulados desde 2021.
El informe atribuye este fenómeno a campañas coordinadas de organizaciones conservadoras que, mediante el uso del miedo y la presión política, buscan imponer control ideológico sobre la educación pública. Estas acciones, advierte PEN América, han reducido el derecho de los estudiantes a leer libremente y debilitado las protecciones para educadores y bibliotecarios.
La llamada “normalización” de la censura es especialmente visible en estados como Florida, Texas y Tennessee, aunque también avanza en otras entidades y a nivel federal mediante órdenes ejecutivas. Tanto PEN América como la ALA coinciden en que las minorías étnicas y sexuales son los principales objetivos de estas políticas, en un contexto donde incomodan no solo las ideas diferentes, sino también su representación visible en los libros.
