Un tribunal chino emitió una sentencia histórica al condenar a muerte a 11 miembros de la familia Ming, una de las más influyentes en la ciudad de Laukkai, Myanmar, donde durante años operaron casinos, centros de estafas y actividades criminales ligadas al narcotráfico y la prostitución. En total, 39 integrantes del clan fueron procesados en la ciudad china de Wenzhou, recibiendo castigos que van desde la pena capital hasta condenas de 5 a 24 años de prisión, en un fallo que busca enviar un mensaje contundente contra estas prácticas.
El tribunal detalló que, desde 2015, la familia Ming había participado en un entramado de fraude en telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y explotación sexual, generando más de 1,400 millones de dólares en ganancias ilícitas. Entre las víctimas se encuentran trabajadores de los centros de estafa que murieron bajo su control, además de miles de extranjeros retenidos contra su voluntad y obligados a ejecutar fraudes en línea a gran escala. Según la ONU, Laukkai llegó a ser el epicentro de lo que denominó una “pandemia de estafas”, con más de 100,000 personas sometidas a condiciones de esclavitud moderna.
La familia Ming controlaba complejos con capacidad para albergar a 10,000 trabajadores forzados, siendo el más famoso la Crouching Tiger Villa, un lugar donde se practicaban golpizas y torturas sistemáticas. Estas operaciones se sustentaban en la alta demanda de juegos de azar por parte de ciudadanos chinos, un negocio ilegal en su país, pero que sirvió como fachada para el lavado de dinero y la trata de personas. Con el tiempo, el poder de este clan lo convirtió en una de las fuerzas más influyentes del estado de Shan, en Myanmar.
El colapso del imperio Ming comenzó hace dos años, cuando una alianza de grupos insurgentes expulsó al ejército de Myanmar de amplias zonas y tomó el control de Laukkai. Diversos informes apuntan a que China habría facilitado esa ofensiva, en un intento por frenar la expansión de los centros de estafa que afectaban a miles de sus ciudadanos. Tras estos hechos, el patriarca de la familia, Ming Xuechang, se suicidó, y muchos de sus descendientes fueron entregados a las autoridades chinas, algunos confesando con arrepentimiento.
Las duras condenas contra los Ming reflejan la voluntad de Pekín de erradicar el negocio del fraude digital en su frontera, presionando incluso a países como Tailandia para que también actúen contra estas redes. No obstante, la industria ha demostrado gran capacidad de adaptación: una parte importante de estas operaciones criminales se ha trasladado a Camboya, aunque todavía mantienen presencia en Myanmar. Con esta sentencia ejemplar, China busca reafirmar su liderazgo en la lucha contra un fenómeno criminal transnacional que amenaza tanto su seguridad interna como su imagen internacional.
