El cierre del gobierno de Estados Unidos alcanzó los 36 días, convirtiéndose en el más largo de la historia y afectando a millones de ciudadanos con la suspensión de programas federales, retrasos en vuelos y miles de trabajadores sin salario. El presidente Donald Trump se negó a negociar con los demócratas hasta que acepten sus condiciones sobre los subsidios médicos, cuya expiración amenaza a millones de beneficiarios. Mientras tanto, los demócratas desconfían de sus promesas tras los recortes recientes al programa de ayuda alimentaria SNAP, pese a órdenes judiciales que exigían mantener el financiamiento.
Trump reconoció que el cierre ha tenido un impacto “negativo” en las recientes derrotas republicanas y volvió a exigir eliminar el filibusterismo —la regla que requiere 60 votos en el Senado para aprobar leyes— con el fin de evitar que los demócratas bloqueen el presupuesto. Sin embargo, los senadores republicanos han mostrado poco interés en seguir esa vía, optando por buscar acuerdos bipartidistas para terminar el estancamiento legislativo.
Durante el cierre, Trump ha mantenido una agenda activa fuera de Washington, incluyendo viajes y eventos en su club de Florida, mientras un grupo de senadores centristas intenta negociar una salida. Las elecciones a la alcaldía de Nueva York, vistas como termómetro político, dieron una amplia victoria a los demócratas, fortaleciendo a los progresistas que insisten en proteger los fondos de atención médica, aunque algunos moderados han mostrado disposición al diálogo.
Los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, exigieron una reunión directa con Trump para resolver el cierre y garantizar los recursos de salud. Esta postura contrasta con la de 2019, cuando el expresidente también provocó un cierre de 35 días por su exigencia de fondos para el muro fronterizo con México, pero entonces accedió a dialogar tras semanas de presión.
En esta ocasión, ni Trump ni los líderes del Congreso han mostrado voluntad de ceder. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó la situación como un “triste hito” y suspendió las negociaciones tras aprobar un presupuesto republicano que los demócratas rechazaron. Mientras tanto, los efectos se agravan: miles de empleados federales siguen sin paga, los programas de alimentos y cuidado infantil están paralizados y el caos aéreo podría aumentar si los controladores no reciben sus salarios.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo podría colapsar la próxima semana, mientras sindicatos de distintos sectores piden la reapertura inmediata del gobierno. “¿Han sufrido lo suficiente los estadounidenses?”, cuestionó el senador John Thune, líder republicano en el Senado, al salir de una reunión con Trump.
Para resolver la crisis, el Congreso deberá aprobar una serie de acuerdos parciales de financiamiento, que cuenten con el aval tanto del Senado como de la Casa Blanca. Senadores de ambos partidos, especialmente los de la Comisión de Asignaciones, buscan restaurar el proceso presupuestario regular y aprobar un paquete inicial de proyectos con consenso bipartidista, enfocado en programas agrícolas y obras militares.
La senadora republicana Katie Britt, de Alabama, destacó que estos proyectos “harían mucho bien al pueblo estadounidense”, pero reconoció que el debate más complejo gira en torno a los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que expiran a fin de año. Su pérdida provocaría aumentos drásticos en las primas del seguro médico, afectando a millones de familias.
Los republicanos se oponen a extender los subsidios sin introducir reformas estructurales, mientras que los demócratas exigen renovarlos sin condiciones. Aunque Thune prometió una votación sobre la propuesta sanitaria de la oposición como parte de cualquier acuerdo, persiste la división política. El estancamiento refleja no solo un conflicto presupuestario, sino una lucha más amplia por el rumbo político del país bajo el liderazgo de Trump.
