La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó profundamente el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, dirigente de los productores de limón en Michoacán, ocurrido el 20 de octubre de 2025. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como “muy triste” y aseguró que el gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, presentó un informe detallado del caso, comprometiéndose a colaborar con las autoridades estatales para esclarecer el crimen y castigar a los responsables.
Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, era una figura clave en la defensa de los derechos de los limoneros michoacanos. Su asesinato fue confirmado por el diputado local Octavio Ocampo Córdova, quien expresó su indignación y exigió justicia. El cuerpo del líder agrícola fue localizado cerca de la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, dentro de un vehículo con impactos de bala, según reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y medios locales.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la agresión ocurrió en un camino que conduce a la localidad de Los Tepetates, en el municipio de Apatzingán. Personas que transitaban por la zona alertaron al 911 tras encontrar el vehículo con el cuerpo del productor, que presentaba signos de violencia. La FGE abrió una carpeta de investigación por homicidio y realiza peritajes para identificar a los responsables.
El asesinato de Bravo Manríquez se enmarca en un contexto de violencia y extorsión que desde hace años afecta a los productores de limón en la región de Tierra Caliente. Antes incluso de que Sheinbaum asumiera la presidencia, su gabinete de seguridad había señalado la situación de los limoneros michoacanos como un tema prioritario durante los primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las denuncias del sector sobre cobros de derecho de piso y amenazas por parte del crimen organizado no habían mostrado avances significativos.
Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, a inicios de 2025 operaban al menos 11 jefes criminales coordinando redes de extorsión en todas las etapas de la cadena productiva del limón, desde la cosecha hasta la comercialización. Bravo había denunciado en reiteradas ocasiones este fenómeno, advirtiendo que las ganancias de los agricultores eran cada vez menores debido a las cuotas impuestas por los grupos delictivos.
Su última aparición pública fue el 13 de octubre, cuando encabezó una protesta en el marco del Paro Nacional de limoneros. En aquella ocasión, exigió precios justos para el fruto y mayor protección para los productores. Reconoció que, aunque las autoridades habían emprendido operativos para combatir las extorsiones, los resultados eran insuficientes. Su asesinato deja en evidencia la vulnerabilidad del sector agrícola frente al crimen organizado y representa un nuevo desafío para el gobierno federal en materia de seguridad y justicia.
