Más de 200 organizaciones, colectivos de búsqueda y grupos de víctimas expresaron su profunda preocupación y condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la desaparición del fondo mínimo destinado a la reparación integral y atención a víctimas. La resolución rechazó declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, pese a que un proyecto del ministro Giovanni Figueroa argumentaba que la medida era regresiva y afectaba directamente derechos previamente reconocidos.
Las organizaciones señalaron que la decisión representa un grave retroceso para la protección de las víctimas, pues abre la posibilidad de que reformas legales futuras debiliten aún más los mecanismos de atención, reparación y protección. Además, acusaron a la SCJN de vulnerar el principio de “cosa juzgada” y la seguridad jurídica al reabrir un debate que la extinta primera sala ya había resuelto en favor del derecho a la reparación integral.
Los colectivos recordaron que la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 132, fracción I, habría garantizado la progresividad de los derechos humanos y la eficacia del juicio de amparo como herramienta de protección. En su opinión, al no declararlo inválido, la Corte debilitó el marco jurídico que sustenta las medidas de atención, verdad, memoria y garantías de no repetición, las cuales, sin presupuesto suficiente, quedan reducidas a disposiciones sin efecto real.
Ante este panorama, colectivos de búsqueda y organizaciones de Sinaloa, Morelos, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y otras entidades pidieron a la SCJN no reabrir debates que avalen “reformas regresivas” y exigieron respeto pleno a los derechos de las víctimas. También solicitaron que tanto el Poder Judicial como el Congreso de la Unión garanticen la progresividad de sus derechos y que cualquier modificación legal futura se construya con participación directa de las víctimas.
Amnistía Internacional también se sumó a las críticas, alertando que eliminar la garantía de un presupuesto mínimo exclusivo para la reparación y asistencia afecta gravemente a un país inmerso en una crisis de derechos humanos. Recordó que el número de víctimas registradas ante el Renavi continúa aumentando, lo que requiere políticas públicas más sólidas, no debilitadas.
Finalmente, la organización internacional llamó al Ejecutivo y al Legislativo a fortalecer la legislación y las políticas públicas para asegurar una atención efectiva y digna a las víctimas, subrayando la urgencia de priorizar sus derechos en un contexto nacional marcado por la violencia y la impunidad.
