Una comisión especial del Senado revisará normas, programas y protocolos para frenar los feminicidios en el país y buscar homologar el marco jurídico federal en todo el país.
Una comisión especial de la Cámara de Senadores revisará normas, programas y protocolos para frenar los feminicidios en el país y buscar homologar el marco jurídico federal en las 32 entidades, a fin de armonizar todos los tipos de violencia contra las mujeres.
Lo anterior, luego de que el pasado 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal para imponer hasta 45 años de cárcel por intento de feminicidio.
El dictamen avalado con propuestas de PAN, PRI, Morena y PRD estableció prisión preventiva oficiosa para feminicidio en grado de tentativa. Los detenidos no tendrán libertad condicionada, anticipada o preparatoria.
En la última década, los feminicidios se han incrementado en nuestro país, las estadísticas oficiales y de diversos organismos no gubernamentales muestran que las víctimas no son únicamente mujeres adultas, sino también niñas y adolescentes.
Ante este panorama, la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a estos casos, que preside la senadora Gabriela López Gómez, impulsará la revisión de normas, programas y protocolos de actuación para enfrentar este fenómeno que lacera el tejido social.
Este órgano del Senado promoverá la homologación del marco jurídico federal en las 32 entidades, a fin de armonizar todos los tipos de feminicidio y la violencia feminicida, contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal.
En el documento, publicado en la Gaceta del pasado 27 de abril, los integrantes de la Comisión Especial destacaron que “estamos frente a un fenómeno que lacera el tejido social de manera trascendente, al cambiar drásticamente la vida de las familias afectadas, que se enfrentan, en la mayoría de los casos, a la indolencia, la negligencia y al desinterés de las autoridades competentes, lo cual conduce a que prevalezca la impunidad”.
Por ello, no sólo impulsará mecanismos de coordinación con los actores responsables para estandarizar los protocolos de actuación y lineamientos de las instituciones, sino también la estandarización de los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Con ello se busca reducir la impunidad y mejorar la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de violencia y llevar a cabo acciones para conocer todas las esferas del delito y sus causas.
Los integrantes de esta comisión también establecerán alianzas con universidades, organismos nacionales e internacionales en la materia, para adoptar mejores prácticas, enriquecer y fortalecer la política pública nacional que garantice la protección y el respeto a los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres.
Además de entablar un diálogo permanente con los gobernadores de las entidades federativas con mayor índice de feminicidio, con el objeto de conocer las medidas que se están implementando para atender esta problemática y así buscar la forma de fortalecerlas o mejorarlas a nivel estatal.