El comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), Alfredo Beltrán Estrada, manifestó su profunda preocupación por el destino del derecho humano de acceso a la información en Sinaloa, tras la aprobación de la iniciativa del gobernador Rubén Rocha Moya que ordena la desaparición del órgano autónomo.
Beltrán Estrada señaló que el principal riesgo es que este derecho quede en letra muerta, al no existir condiciones internas que garanticen su operatividad. Recordó que en Sinaloa existen más de 250 sujetos obligados, cada uno con niveles de complejidad distintos: “No es lo mismo Mazatlán que Choix, que Escuinapa o Angostura. Hay municipios que son focos rojos en materia de transparencia y que, aun con amonestaciones y multas, fue muy tortuoso hacerlos cumplir con la ley”, subrayó.
El comisionado advirtió que la vigilancia de las obligaciones de transparencia podría quedar en manos del Poder Ejecutivo, lo que abre la posibilidad de criterios partidistas en la supervisión de municipios gobernados por fuerzas políticas distintas. “Ahí se abre la posibilidad de golpeteo político ante la falta de autonomía e independencia”, expresó.
Recordó que en otros estados y municipios del país —como San Pedro Garza García (Nuevo León), Chihuahua y la alcaldía Cuauhtémoc (CDMX)— se han presentado controversias constitucionales por la invasión de competencias municipales, casos aún sin resolver.
También destacó la dificultad de trasladar la vigilancia de sindicatos y partidos políticos a otras autoridades, así como el reto de que poderes y universidades autónomas se supervisen a sí mismos. “Esto implica multiplicar responsabilidades y crear estructuras dispersas, lo que hace muy complejo el cumplimiento de la nueva legislación”, puntualizó.
El comisionado recordó que la CEAIP fue durante 25 años un ente facilitador para la ciudadanía, simplificando procesos y garantizando que la información pública estuviera disponible en portales oficiales. Sin este órgano, dijo, los sujetos obligados deberán autovigilarse, dejando el cumplimiento de la norma a la “buena fe” de los funcionarios.
“Hoy todo queda en el limbo, en una posible judicialización de los recursos de revisión. Litigar en materia de amparo requiere especialización técnica, tiempo y recursos económicos que la mayoría de ciudadanos no tiene. Eso inhibirá el ejercicio del derecho”, advirtió.
Beltrán Estrada calificó la extinción de la CEAIP como un error histórico que, con el paso de los años, tendrá que repensarse. “El gran riesgo es que la ley quede como un catálogo de buenas intenciones, pero que en la operación sea letra muerta”, concluyó.
