Redacción
Culiacán, Sinaloa.- La implementación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales, la facultad de imponer medidas de apremio y sanciones así como contar con un edificio propio, son algunas de las acciones realizadas durante el periodo 2015-2019 de Rosy Lizárraga Félix al frente de Ceaip como Comisionada Presidente.
A unos días de dejar la presidencia tras cumplir con un periodo de cuatro años y pasar a ser Comisionada, Lizárraga Félix anunció que el próximo 30 de octubre celebrarán sesión solemne ya con el nuevo Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, a efecto de decidir quién ocupará la presidencia.
Detalló que en mayo del 2016 se aprueba la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, lo que aumenta el número de sujetos obligados a rendir cuentas a la sociedad y se incorporan los sindicatos que reciben recurso público.
También durante su administración, Sinaloa se incorpora a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como medio para presentar solicitudes, recursos de revisión y consultar las Obligaciones de Transparencia, mismas que se incrementaron en un 50 por ciento, lo que da mayor apertura a las consultas de los ciudadanos.
“Esto fue todo un reto, lograr que Sinaloa tuviera un lugar preponderante, el quinto lugar a nivel nacional en cuanto al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, no fue nada fácil”, enfatizó.
Resaltó que Sinaloa es de los pocos estados del país que realiza una verificación del total de los sujetos obligados o dependencias, ya que la mayoría de los estados lo hace de manera censal, es decir, revisa solo una parte de los sujetos obligados.
Posterior a las verificaciones, se trabajó con cada una de las dependencias para que estuvieran conscientes de su nivel de cumplimiento y ver la manera de apoyarlos para que elevaran sus porcentajes, detalló.
Indicó que con la nueva Ley, Ceaip también adquiere la facultad de aplicar medidas de apremio que van desde amonestaciones, hasta multas de entre los 12 y los 120 mil pesos, mismos que deben ser cubiertos por el servidor público que incurra en la irregularidad u omisión de transparencia.
Rosy Lizárraga dio a conocer que durante su periodo, en el 2017 fue creada la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Entidades Públicas para el Estado de Sinaloa.
“En Sinaloa se contaba con muy poca experiencia sobre este tema y la ley viene a cubrir un hueco que se tenía en materia de acceso a la información pública, sobre todo por el uso indiscriminado que se ha tenido de los datos de carácter personal”.
De la misma manera, dijo que significó todo un reto el capacitar a los servidores públicos para que entendieran la importancia de salvaguardar los datos personales del ciudadano y no hacerlos públicos.
En su periodo como presidente, dijo que también se estableció en Sinaloa el Secretariado Técnico local de Gobierno Abierto con la participación de los representantes de los tres poderes, la sociedad civil y 38 particulares. GA es una estrategia para detectar y resolver problemáticas públicas en una labor conjunta entre gobierno y ciudadanos. Este proyecto lo encabeza la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo.
La titular de Ceaip enumeró que durante su periodo los ciudadanos formularon un promedio anual de 15 mil solicitudes a las distintas dependencias de Sinaloa, se resolvieron en promedio por año 900 recursos de revisión y fueron capacitadas 40 mil personas cada año sobre este tema de la transparencia.
Y explicó que tras varios años de realizar gestiones, se logró obtener un terreno por parte de Gobierno del Estado y a lo posterior fue realizada la construcción y entrega en comodato del nuevo edificio en el que se encuentra instalada la Ceaip desde el pasado mes de septiembre, lo que otorgó mayor funcionalidad al órgano de transparencia para poder brindar una mejor atención a los ciudadanos solicitantes.
“En Sinaloa hemos avanzado en transparencia, hace años sería impensable que el ciudadano tuviera la información que tiene a la mano ahora; y lo que sigue es empezar a trabajar con la actual legislatura para crear una Ley estatal de Archivos Públicos que vaya de la mano con la ley general en la misma materia, cuyo plazo termina el mes de junio del 2020”, finalizó.