Albaro Sandoval
Mazatlán, Sinaloa.- La tendencia a negar información pública en Sinaloa aumentará con la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) y por ello se viene un escenario de opacidad en las dependencias de gobierno, explicó Gustavo Rojo Mendoza, director del organismo Observatorio Ciudadano
Explicó que con la Ceiap como órgano garante del acceso a la información y la rendición de cuentas, el 90 por ciento de los recursos de revisión interpuestos eran resueltos a favor de la ciudadanía, y lo que empieza a notarse en otros estados y a nivel federal es que ahora estos recursos son a favor de las dependencias porque quienes definen el proceso son los mismos funcionarios.
Mencionó que este panorama de opacidad en Sinaloa empezaron a notarlo en este 2025 porque desde hace meses se sabía que la desaparición de la Ceaip era un hecho, y muchas dependencias públicas municipales y estatales asumieron una actitud de cerrazón.
Rojo Mendoza dijo que en apariencia y en teoría todo el proceso legal de solicitudes de información queda igual, pero el tema no es ese, sino que ahora el gobierno es juez y parte, y ante esto no hay garantías de apertura y transparencia.
Rechazó la medida tomada por la mayoría de los diputados locales del Congreso de Sinaloa que dio el aval a la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya para que la Ceaip se extinguiera después de más de 20 años de existencia, lo que representa un claro retroceso.
Dijo que la propuesta que ellos hacían como parte de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa, era que se creara un nuevo organismo y que este no pasara a la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado, que fue prácticamente como ocurrió porque toda la Ceaip como tal fue transferida a esta dependencia.
El director de Observatorio Ciudadano Mazatlán mencionó que ahora le corresponde a la sociedad en Sinaloa buscar las coyunturas, crear los espacios y buscar las maneras de conseguir la información pública, de generar que haya verdadera transparencia y obligar a una real rendición de cuentas entre los funcionarios públicos.
