CIUDAD DE MÉXICO — Al convocar a “votar a favor de México; a favor de la empresa pública; de la economía familiar; a favor de los consumidores finales”, la senadora de la República, Imelda Castro Castro, fijó este martes su postura en el debate que concluyó con la aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con 68 votos a favor y 58 en contra.
La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República aclaró de inicio que la energía eléctrica, como todos los recursos energéticos de México, es un área estratégica protegida por la Constitución, en la cual el Estado tiene la rectoría.
“Desde antes, pero sobre todo desde la reforma de 1992, se ha puesto en marcha un proceso de privatización de la energía eléctrica, lo que ha llevado a que la participación de los particulares constituyan casi ya la mitad del abasto total de la Comisión Federal de Electricidad, ocasionando, a su vez, que las hidroeléctricas, que por cierto son energías limpias… las hidroeléctricas del gobierno bajen su producción de manera significativa, siendo esto también la causa de los altos costos de la electricidad para los consumidores finales y, por tanto, la afectación a la economía familiar”, señaló.
Dejó en claro que de lo que se trata es de reordenar el despacho eléctrico, que es justamente el mecanismo que decide el orden en que recibe en la red la energía, quedando como prioritaria la energía producida por las hidroeléctricas, seguido de energía generada en otras plantas de la CFE, y el resto después —precisó—, como la energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.
“En otras palabras, esto quiere decir que se utilizará primero la electricidad de las centrales de CFE y en segundo término la de los privados. No desaparece la de los privados, coexisten pero sin privilegios”, indicó.
Recordó a los opositores que las reformas en materia energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hoy ellos están defendiendo, dieron lugar a contratos de cobertura eléctrica que establecen con prelación los precios de energía y capacidad, pero esos mismos contratos, al no comprometer la entrega física de energía y capacidad, ponen en riesgo y vulneran financieramente a las entidades que lo celebran, como sucede con las entidades de la CFE.
“Es decir, que en el marco actual se han celebrado contratos con privados que estipulan que a estos se les debe pagar aun cuando no provean de energía al sistema eléctrico. ¿Cómo pueden ustedes, senadores y senadoras de la oposición, defender esta disposición?”, reprochó.
La senadora de Morena por Sinaloa aclaró que la reforma abre la puerta para que en el futuro la inversión de la Comisión Federal de Electricidad se destine a producir más energía limpia sin tener que depender de privados y que con esta reforma la CFE ahorrará dinero en la medida en la que se dejarán de hacer contratos demasiado onerosos con los privados y que la paraestatal ya no tendrá que asumir pérdidas por no despacho.
Imelda Castro refirió que desde antes de la reforma energética de Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad ya tenía capacidad para surtir de electricidad al país.
“La justificación de la reforma de Peña Nieto fue que los consumidores pagarían menos por la electricidad, sin embargo, esta reducción no se dio y la Comisión Federal de Electricidad perdió preponderancia frente a las entidades privadas que entraron al mercado mayorista y se incrementaron las tarifas”, concluyó.