Diez personas fueron condenadas a un total de 141 años y tres meses de prisión por su participación en delitos de desaparición cometida por particulares, su modalidad agravada y homicidio calificado, en relación con el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco. La Fiscalía del estado informó que esta es una de las sentencias más altas emitidas por estos delitos, y los responsables también deberán pagar una reparación del daño equivalente a casi 70 mil dólares (1.3 millones de pesos).
Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional acudió al rancho tras una denuncia ciudadana y logró asegurar el lugar. Ahí encontraron a una persona muerta, liberaron a dos víctimas privadas de la libertad, y aseguraron armas, vehículos y otros objetos. Meses después, en marzo, el colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco localizó vestigios de restos humanos calcinados, prendas y crematorios clandestinos, aunque la FGR refutó esta versión.
El juicio oral duró una semana y concluyó el pasado 7 de julio con un fallo condenatorio. El tribunal determinó la culpabilidad de los acusados por todos los delitos y agravantes, y la sentencia fue formalizada al día siguiente durante la audiencia de individualización de sanciones.
Además de estos condenados, el caso ha derivado en investigaciones paralelas que involucran a tres policías municipales del municipio de Tala, presuntamente vinculados al crimen organizado y subordinados a José Gregorio “N”, alias Comandante Lastra, detenido en marzo en la Ciudad de México.
El caso también alcanzó al ámbito político, ya que el alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, fue detenido en mayo acusado de delincuencia organizada, desaparición de personas y trata, debido a su presunta colaboración con el cártel en labores de reclutamiento dentro de su municipio.
