El Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años y tres meses de cárcel al empresario Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente colombiano Álvaro Uribe, al revocar la absolución que había recibido en noviembre de 2024. La sentencia incluye cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir y delitos de lesa humanidad relacionados con el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.
El fallo determina además que Uribe Vélez no podrá acceder a prisión domiciliaria y que deberá pagar una indemnización, así como enfrentar una inhabilitación de veinte años para ejercer cargos públicos. Una vez se pronuncie el Tribunal Supremo de Justicia, se emitirá la orden de captura correspondiente. A este grupo armado ilegal se le atribuyen alrededor de 300 homicidios cometidos en la década de 1990 en el norte de Antioquia.
Tras conocerse la condena, el expresidente Álvaro Uribe expresó públicamente su dolor mediante un mensaje en su cuenta de X, en el que afirmó: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”. El líder político mostró el impacto emocional que representa para él y su familia la decisión judicial.
A esta reacción se sumó el precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, quien respaldó al expresidente y cuestionó duramente la sentencia. Consideró el fallo como parte de una persecución judicial y política contra la familia Uribe Vélez, argumentando que ciertos sectores buscan afectar al uribismo tras no haber logrado derrotarlo electoralmente.
En su pronunciamiento, Uribe Londoño aseguró que la supuesta persecución está vinculada con intereses políticos e incluso con alianzas entre estructuras armadas ilegales y sectores afines al gobierno de Gustavo Petro. También insistió en que el país necesita esclarecer plenamente las responsabilidades y alianzas criminales mencionadas.
La decisión judicial se sustenta en un documento de 307 páginas elaborado por el magistrado René Molina Cárdenas, donde se detallan los crímenes atribuidos a Santiago Uribe y las violaciones a los derechos humanos que habrían sido cometidas bajo la estructura de Los 12 Apóstoles. La defensa del empresario estuvo a cargo del abogado penalista Jaime Granados.
El fallo incluye además una orden para que la Fiscalía investigue al abogado Diego Cadena por presuntas irregularidades relacionadas con la orientación de testimonios, particularmente en el caso del testigo Juan Carlos Rodríguez Agudelo. Con esta resolución, el Tribunal modifica por completo la postura adoptada por un juzgado especializado en 2021, cuando se determinó que no existían pruebas suficientes para condenar a Uribe Vélez.
