La ex primera ministra de Bangladesh, Sheij Hasina, fue condenada a pena de muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión de las protestas de 2024, que dejaron 1,400 muertos y precipitaron su caída tras quince años en el poder. El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh también impuso la pena capital al exministro del Interior, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que el exinspector general de Policía, Choudri Abdulá al Mamun, recibió cinco años de prisión por colaborar con la justicia.
Además de la sentencia, el tribunal ordenó la confiscación de los bienes de Hasina, quien permanece refugiada en India y enfrenta otros tres procesos por desaparición forzada y represión de protestas previas. Según el fallo, Hasina fue responsable de la muerte de seis manifestantes desarmados y de ordenar el uso de fuerza letal contra la población durante las movilizaciones.
Hasina rechazó de inmediato el veredicto mediante un comunicado difundido por su partido, la Liga Awami. Aseguró que el tribunal actúa con fines políticos y acusó al gobierno interino de Muhammad Yunus de intentar encubrir su “administración caótica y regresiva”. Sostuvo además que no teme ser juzgada, siempre que se trate de un proceso legítimo y transparente.
El Gobierno interino celebró la resolución como un acontecimiento “histórico” y llamó a la ciudadanía a mantener la calma ante un veredicto que, reconoció, despierta fuertes emociones. Yunus instó a evitar provocaciones, violencia o cualquier acción que altere el orden público, advirtiendo que cualquier intento de generar caos será reprimido.
Desde Naciones Unidas, la portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, calificó la sentencia como un momento relevante para las víctimas, pero lamentó la imposición de la pena de muerte, a la cual el organismo se opone en todas las circunstancias. La ONU enfatizó la necesidad de que los procesos cumplan con estándares internacionales de debido proceso, especialmente en juicios en ausencia que pueden derivar en condenas irreversibles.
El organismo internacional también pidió a Bangladesh avanzar en un proceso integral de verdad, justicia y reparación, que incluya una reforma profunda del aparato de seguridad para evitar que estas violaciones vuelvan a repetirse. La oficina reiteró su disposición para apoyar al país en estos esfuerzos y llamó nuevamente a la calma tras la sentencia.
Finalmente, el Gobierno de Bangladesh renovó su exigencia a India para que extradite a Hasina, quien huyó al país vecino antes de la caída de su administración. La petición se suma a la creciente presión internacional y las tensiones internas que esta condena está generando en el país asiático.
