Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado aprobó en por unanimidad reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se propone fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres y su creación en los municipios de Sinaloa.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Bernardino Antelo Esper, quien presentó una de las iniciativas con la que se elaboro el dictamen expreso que la violencia contra las mujeres debe considerarse como un serio problema de derechos humanos.
Indicó que este delito impide el empoderamiento y la inclusión de estas en los procesos económicos, políticos, culturales, académicos y sociales, segregando y marginando a través de una diferenciación sexista a las mujeres de los hombres.
El legislador señaló que se deben adoptar, implementar o reformar los ordenamientos jurídicos necesarios para crear los Centros de Justicia para las Mujeres, además de designar partidas presupuestales específicas, que deberán ser asignadas en el ejercicio presupuestal.
“Los Centros de Justicia son una respuesta a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en México y en Sinaloa, cuya suma de esfuerzos y recursos entre el Gobierno Federal, estatal y organizaciones de la sociedad civil buscan integrar servicios multidisciplinarios de atención integral de psicología, jurídica y médica” expresó.
En lo referente al artículo 3, en el que se retoma las obligaciones para el Estado y los municipios de instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias y suficientes, pero se le agrega también medidas de carácter extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y contar con fiscalías especializadas para atender los delitos contra las mujeres.
Los diputados del Partido Sinaloense también presentaron una iniciativa que tiene por objeto que la violencia contra las mujeres debe considerarse como un serio problema de derechos humanos que impide el empoderamiento y la inclusión de estas en los procesos económicos, políticos, culturales, académicos y sociales, segregando y marginando a través de una diferenciación sexista a las mujeres de los hombres.
Durante la sesión ordinaria de este martes también se aprobó reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado que armoniza de manera integral el lenguaje incluyente en el marco jurídico del Congreso, a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades con equidad de género.
Con ello se establece la obligación de incluir un lenguaje oral y escrito incluyente, no sexista, con carácter imperativo, con lo que se da lugar a eliminar una forma de discriminación y aportando al fortalecimiento de un modelo de sociedad igualitario, y al mismo tiempo al cumplimiento del artículo 4 constitucional que reconoce de manera expresa la igualdad entre mujeres y hombres.
En los considerandos de estas reformas se reconoce que durante muchas décadas en la implementación lenguaje verbal o escrito únicamente se ha hecho referencia al sexo masculino, no incluyendo en el lenguaje el sexo femenino. Por ello, es importante para el fortalecimiento de los derechos humanos de la mujer se utilice un lenguaje inclusivo, donde las mujeres sean nombradas.
Con esta reforma toda la redacción de la Ley Orgánica del Congreso se modifica para reconocer la participación de la mujer, de modo que antes donde sólo se decía diputados ahora se escribe diputadas y diputados, y de forma similar en todas las redacciones en donde sólo se hacía alusión al género masculino.