El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal del Estado que duplica la pena máxima por homicidio de menores, estableciendo sanciones de hasta 50 años de prisión, asimismo contempla que se incremente la pena de cárcel para quienes priven de la vida a periodistas y policías.
El artículo 134 se reforma para incrementar la pena general al delito de homicidio, que actualmente es de 8 a 22 años de prisión, para quedar de 12 a 24 años de prisión, excepto cuando este Código establezca una pena distinta.
En el artículo 139, que también hace referencia al homicidio por diferentes causales, de igual manera se propone elevar las penas actuales, que son de 22 a 50 años de prisión, para que quede de 25 a 50 años.
Desde la tribuna, la diputada Roxana Rubio Valdez, coordinadora del grupo parlamentario del PAN recordó los nombres de las niñas y niños que han sido víctimas de la violencia en Sinaloa.
Rubio Valdez señaló que en los últimos 10 meses se han registrado más de 50 homicidios de menores en el estado, en hechos que han conmocionado a la sociedad: desde infancias alcanzadas por balas perdidas hasta adolescentes ejecutados en sus propios hogares.
“Por Gael. Por Alexander. Por Dana Sofía. Por Regina. Por Leidy. Por Alexa. Por César. Por cada niño que ya no está, por cada niña que vive con miedo, por cada familia con una silla vacía en la mesa… hoy alzamos la voz”.
Por su parte, la diputada María Teresa Guerra Ochoa destacó que esta reforma representa una jornada histórica en materia de justicia penal, ya que por más de 30 años el Código Penal del Estado de Sinaloa no había sido modificado en lo relativo a las penalidades por homicidio.
“En ese lapso, la entidad ha atravesado crisis severas de seguridad, como la de 2008, el primer “culiacanazo” en 2017, y múltiples confrontaciones entre grupos delincuenciales, sin que se ajustaran las sanciones correspondientes en los tipos penales de homicidio simple y agravado”.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado destacó que uno de los puntos más significativos de esta reforma es la tipificación como homicidio agravado de todo homicidio doloso en el que la víctima sea menor de 18 años.
Indicó que esta medida responde al clamor social y al compromiso ético de decir, desde el Congreso: “Con los niños, no. Nunca más hechos de violencia que arrebaten vidas inocentes.”
Para la elaboración del dictamen, la Comisión de Justicia tomó en cuenta dos iniciativas, una de las cuales fue propuesta por el grupo parlamentario del PAN y la otra por el grupo Parlamentario de Morena, ambos de la actual Legislatura.
