Durante la sesión ordinaria de este jueves, la diputada María Teresa Guerra Ochoa dio lectura a un comunicado conjunto firmado por las y los integrantes de dicha Junta de Coordinación Política, en relación con la suspensión definitiva otorgada por un juez federal de Zacatecas en el caso alcalde desaforado de Ahome Gerardo Vargas Landeros.
El comunicado aclara que el Congreso del Estado no ha sido formalmente notificado de ninguna resolución que conceda suspensión definitiva en dicho caso.
En tribuna la presidenta de la Jucopo denunció un posible acto de corrupción en el Poder Judicial, al haberse invocado una orden de aprehensión en un estado distinto al de los hechos, con el aparente objetivo de forzar competencia y revisión de un acto jurídico plenamente constitucional.
Además, se subraya que las declaratorias de procedencia emitidas por las legislaturas locales son actos soberanos e irrecurribles, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la tesis 44-2004 y la resolución de la queja 3321.
Se puntualizó que la medida cautelar referida no entra al fondo del asunto, ya que la audiencia constitucional está programada para el 8 de septiembre de 2025. Asimismo, se recordó que el mismo juez negó previamente la suspensión provisional por falta de elementos probatorios suficientes por parte del quejoso.
El comunicado leído por la legisladora advierte sobre una estrategia jurídica irregular que ha intentado replicar recursos de amparo en otras entidades, los cuales han sido declarados improcedentes, configurando un caso juzgado conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo.
Guerra Ochoa enfatizó que no puede concederse suspensión contra actos ya ejecutados, como lo establece la ley en sus artículos 122 y 124. Además, se señaló que el quejoso se encuentra vinculado a proceso penal, lo que imposibilita su restitución en cualquier cargo de elección popular, conforme a los artículos 135 y 136 de la Constitución de Sinaloa.
Manifestó finalmente que la Junta de Coordinación Política y la LXV Legislatura ratifican su compromiso de actuar con apego a la Constitución del Estado y de la República, así como de combatir cualquier acto fuera de la ley o de corrupción.
