Al batear las impugnaciones presentadas por ocho gobernadores de oposición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este lunes el decreto del 6 de noviembre de 2020 que extinguió 109 fideicomisos y fondos públicos —entre ellos el Fonden y el Fondo Metropolitano —, impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y que permitió al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte aprobó ocho proyectos del ministro Arístides Guerrero García que declararon infundadas las controversias constitucionales promovidas por los entonces gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, al concluir no acreditaron que el decreto que extingue los fondos haya invadido sus competencias, vulnerado el pacto federal ni menoscabo a la autonomía financiera de los estados.
“Se sostiene que las demandas plantearon argumentos genéricos, la consideración de las bondades que pudieran tener los fondos y fideicomisos, pero en ningún momento pusieron en evidencia la afectación a alguna atribución reconocida por la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, planteó el ponente.
Aunque el Pleno no se pronunció sobre la constitucionalidad de cada fideicomiso, sí concluyó que el Congreso solo modificó la forma de colaboración federal con los estados, sin afectar el federalismo ni la división de poderes.
El ministro Guerrero García presentó una línea del tiempo de las controversias, con la que criticó que el Pleno anterior mantuviera los asuntos archivados por más de cuatro años sin resolverlos, pese a que su trámite inició en 2021.
“No caeré en la narrativa si la anterior Corte fue bueno o fue mala, pero sí quiero decir de manera muy clara: fue muy irresponsable, fue muy irresponsable porque fueron cuatro años en donde se cerró la instrucción”, agregó.
