Cuba cerró enero con un total de 1.207 presos políticos, la cifra más alta jamás registrada en el país desde que existen monitoreos internacionales sistemáticos, tras el encarcelamiento de 18 nuevas personas solo en el primer mes del año.
De acuerdo con la organización Prisoners Defenders, este récord responde a una política de represión estatal sostenida y expansiva, orientada a asegurar la permanencia del régimen. El informe advierte que la población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100 mil habitantes, una proporción alarmante para estándares regionales.
Uno de los ejes centrales de esta estrategia es la vigilancia masiva de redes sociales, que se han convertido en espacios de alto riesgo para quienes expresan críticas o denuncian problemas cotidianos. La disidencia digital es perseguida de forma casi inmediata, según documenta el reporte.
Entre los casos más emblemáticos figura el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook mensajes críticos contra el régimen. La detención se realizó sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza, y desde entonces permanece incomunicado, sin juicio y con acceso limitado a medicamentos pese a padecer VIH, epilepsia y problemas de salud mental.
Situaciones similares se repiten con otros jóvenes, como Enrique Ramos Bosch, arrestado en Santiago de Cuba luego de denunciar apagones eléctricos en redes sociales. El informe describe un patrón de desapariciones forzadas, interrogatorios y represalias directas vinculadas a publicaciones digitales.
El alcance de la vigilancia quedó reflejado en que el 88% de los declarantes auditados aseguró haber sido citado, detenido o interrogado por contenidos publicados o incluso por comunicaciones privadas intervenidas sin control judicial, muchas veces pocas horas después de emitir mensajes críticos.
La represión también se manifiesta en operativos policiales a nivel comunitario. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron detenidos en acciones coordinadas con allanamientos sin orden judicial, cortes de comunicación y denuncias de violencia contra familiares, lo que eleva el riesgo de torturas y confesiones forzadas en las primeras horas de detención.
El informe subraya además la criminalización del ejercicio pacífico de derechos fundamentales y denuncia el uso sistemático de la negación de atención médica como herramienta de castigo. Al menos 463 presos políticos presentan enfermedades graves y 42 padecen trastornos mentales, agravados por el hacinamiento, la mala alimentación y la violencia institucional.
Casos extremos como el de Onaikel Infante Abreu, víctima de golpizas, abusos y privación de medicamentos pese a un diagnóstico de cáncer, o el del músico y activista Maykel Osorbo, encarcelado desde 2021 tras convertirse en símbolo internacional de protesta, evidencian la dimensión del maltrato dentro del sistema penitenciario.
El registro actualizado incluye a 128 mujeres, 32 personas detenidas siendo menores de edad y 219 condenados por sedición, además de documentar muertes bajo custodia estatal. Prisoners Defenders advierte que la persistencia y amplitud de estas prácticas confirman la existencia de una política integral de criminalización de la disidencia, consolidando la imagen de Cuba como una “isla cárcel” donde el miedo sustituye a las garantías básicas de derechos humanos.
