Irene González


Culiacán, Sinaloa.- El grupo parlamentario de Morena sufrió un revés, al no alcanzar el voto de las dos terceras parte de los 40 diputados para la aprobación de las reformas al artículo 46 la Constitución Política del Estado a fin de quitar las facultades al ejecutivo de vetar las cuentas públicas y para eliminar el llamado “veto de bolsillo”.
Después de una intensa discusión y de un receso solicitado que se prolongó por varias horas para hacer adecuaciones al dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se procedió a la votación en el pleno quedando en 26 votos a favor y 14 en contra.
Algunos diputados de Morena exigían que volvieran a contar los votos porque se habían logrado 27 sufragios y no 26 como la secretaria de la Mesa Directiva Mónica López había cantado, sin embargo el legislador también morenista Jesús Ramón Monreal confirmaba que la votación dada a conocer por su homóloga era la correcta.
En su intervención, Ana Cecilia Moreno Romero del PRI, afirmó que el dictamen que se estaba discutiendo en la sesión extraordinaria a fin de eliminar la facultad del Ejecutivo Estatal para formular observaciones sobre los Informes de las Cuentas Públicas era inconstitucional.
La legisladora calificó como una aberración jurídica la propuesta para eliminar la obligatoriedad del Congreso para informar con anticipación al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, o a los ayuntamientos, cuando se vaya a dictaminar algún asunto que les afecte.
“Con estas disposiciones se busca eliminar el derecho de voz que tienen estas instancias, no de voto, con lo cual se les dejará sin derecho de audiencia ya que no podrán formular aclaraciones o plantear dudas sobre las leyes o decretos que se vayan a tratar en este Pleno”.
La secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación afirmó que se trataba de una aberración y un retroceso en la democracia.
Advirtió que continuar con el empecinamiento para concretar esta propuesta genera vicios de constitucionalidad que podrían poner, nuevamente, en entredicho la capacidad legislativa de este Congreso del Estado, ya que existe un trámite ante la SCJN, derivado de dos controversias constitucionales que demandan la invalidez del proceso legislativo en la revisión de la Cuentas Públicas del 2017 y 2018, los cuales no se resuelven todavía de forma definitiva.
La diputada Graciela Domínguez rechazó los señalamientos de los legisladores priistas de que se estaba dando un albazo legislativo, dejando un mal precedente con esta reforma y mucho menos una falta de capacidad legislativa por parte del congreso.
Coincidió con sus compañeros que la habían antecedido en las intervenciones que no se trataba de un asunto con dedicatoria a las personas que actualmente están como legisladores o titulares de los municipios como gobiernos municipales o el ejecutivo estatal.
“Es simple y llanamente lo que hemos declarado traducirlo en la norma, la división efectiva de poderes, los equilibrios necesarios. Si no pasamos entonces del discurso a traducirlo en la norma entonces no estaremos cumpliendo y uno de temas centrales que no es nuevo es justamente el veto de bolsillo”.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Villalobos Seañez, afirmó que ningún momento se está eliminando la facultad al ejecutivo de hacer modificaciones u observaciones a los decretos aprobados por el Poder Legislativo sino simple y sencillamente la están acotando al establecer un periodo de 30 días para hacerlo.

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