Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Debido a que un tercero, en este caso un colectivo o una persona, presentaron un recurso de revisión al fallo emitido por el juzgado de distrito en el que mandata al Congreso del Estado a que legisle en el tema del matrimonio igualitario, el Poder Legislativo tiene que esperar a que este emita una resolución definitiva, dio a conocer la diputada Graciela Domínguez Nava.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política informó que si bien la Mesa Directiva acordó no presentar un recurso de revisión a la resolución tomada por el juzgado de distrito en el sentido de que se incurrió en omisión legislativa por parte de esta soberanía, esta resolución aún no causa ejecutoria.
“Lo más probable es que nos van a dar un plazo que nosotros tendremos que cumplir para legislar en la materia, pero por lo pronto aún no tenemos ese plazo. Debemos ser respetuosos de la decisión que se tome por parte del juzgado, yo no podría adelantar que implicaciones tendría, porque hasta el momento no hay una resolución en definitiva. Conocemos la opinión del juzgado de distrito, y pudiéramos anticipar que va dirigido a mandatar al Congreso a que legisle en la materia, pero tendremos que esperar exactamente los términos”, detalló.
Domínguez Nava dijo que los integrantes de la Junta de Coordinación Política fueron informados a través de la Mesa Directiva de la resolución a la que ellos llegaron en la sesión que sostuvieron el pasado 24 de diciembre en la que resolvieron no presentar ningún recurso de revisión y aceptar la resolución del juzgado de distrito.
Esto en atención a la resolución que nos notificó el juzgado de distrito en la que nos informa que a partir un amparo que presentaron tres personas, se resolvió que el Congreso incurrió en omisión legislativa y mandatan a esta soberanía a legislar en la materia con el fin de garantizar los derechos.
“Desde mi punto de vista considero correcto que no se haya presentado, porque al final de cuentas como legisladores nosotros debemos sujetarnos a legislar en función de garantizar derechos, y no en función de nuestras creencias personales”.