Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Con el voto aprobatorio de 16 ayuntamientos, el Congreso del Estado declaró este martes formal y constitucionalmente incorporado a la Constitución Política del Estado, el Decreto No. 497, por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 4 Bis B.
Los Ayuntamientos que aprobaron la reforma constitucional son los de Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Choix, Culiacán, El Fuerte, Guasave, Navolato, Mocorito, Mazatlán, Rosario, San Ignacio, Salvador Alvarado, Escuinapa y Sinaloa aprobaron.
Los Ayuntamientos de Ahome y Elota si bien no han remitido su voto a la fecha, éstos se entienden como afirmativos debido a que no los emitieron dentro del plazo de los quince días siguientes a la fecha en que les fue comunicado.
Por lo anterior, la Junta de Coordinación Política que preside el diputado Feliciano Castro Meléndrez emitió acuerdo en el que se establece que por contarse con las aprobaciones suficientes consistentes en más de las dos terceras partes de los ayuntamientos del Estado se emite la declaratoria correspondiente.
Leído el acuerdo de la Jucopo, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado Ricardo Madrid Pérez, hizo la declaratoria correspondiente e instruyó a la Secretaría General del Congreso enviar el decreto 497 expedido el 29 de mayo del 2023 al Ejecutivo para su publicación y promulgación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
La reforma constitucional aprobada por el Congreso y la mayoría de los ayuntamientos establece que es obligación del Estado tomar las medidas correspondientes a efecto de dar cumplimiento a los correspondientes derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas.
La fracción que se añade establece como obligación para el Estado:
“El desarrollo integral de las personas jóvenes impulsando políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en los ámbitos político, social, económico y cultural en el estado y sus municipios, como un deber y un derecho que el Estado debe hacer efectivo”.
Los fines propuestos son que las y los jóvenes cuenten con derecho a un desarrollo integral, y que para ello el Estado impulse políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicien su inclusión en los ámbitos económico, social, educativo, cultural y deportivo.
Asimismo, que se expidan leyes en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con las leyes federales en la materia y los tratados internacionales de los que México sea parte.
De igual manera, garantizar la equidad generacional mediante la participación de las y los jóvenes en la administración pública estatal y municipal en los cargos de mandos medios y superiores, en el que se respete el principio de paridad de género.