Redacción
Culiacán, Sinaloa.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 recién presentado a la Cámara de Diputados, desapareció el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), al no asignar recursos para su operación.
Al eliminarse este programa:
– Se perderían recursos para ññformar a nuevos policías y evaluar tanto a los nuevos como a los actuales elementos.
– Se afectarían las condiciones laborales en las policías municipales, pues en algunos casos este recurso es utilizado para sueldos, salarios y prestaciones.
– Se pondría en riesgo la prevención al debilitar a las policías municipales, que son el mayor estado de fuerza en los estados de México, cuyos agentes suelen ser el primer contacto en atención a la ciudadanía.
– Se dificultaría aún más que las corporaciones policiales cuenten con el equipamiento necesario, como patrullas, armamento, uniformes y equipos de protección.
Las Policías Municipales ya arrastran serias complicaciones que deberían resolverse con urgencia, y en lugar de eso se acrecientan con un recorte presupuestal. El Estudio sobre Seguridad y Justicia 2019 de la Coordinación General del CESP muestra que:
– Las Policías Municipales en Sinaloa son las corporaciones con más elementos no aprobados en las pruebas de control y confianza.
– Las y los policías municipales son los elementos que tienen los sueldos más bajos y la menor cantidad de prestaciones.
– Entre las corporaciones de los 18 municipios no existe homogeneidad en sueldos, prestaciones, categorías y jerarquías.
Reducir recursos a los municipios en materia de seguridad es dar un paso atrás en el fortalecimiento que las corporaciones policiacas necesitan con urgencia.
Los recortes presupuestales en rubros tan importantes no se pueden justificar como medidas de austeridad, porque trastocan la operación y funcionamiento de las instituciones de seguridad, en este caso las de mayor proximidad con la sociedad y encargadas de la prevención.
A las y los legisladores sinaloenses les pedimos su intervención para mantener estos recursos, que son indispensables para la seguridad de la ciudadanía: primera obligación del Estado.
En lugar de eliminarlos, proponemos que se establezcan mecanismos efectivos para vigilar que estos recursos se utilicen de manera estratégica, transparente y enfocados a la rendición de cuentas y a resultados en prevención.