El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Arizona a Roberto Copado Gutiérrez, quien fungía como director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo durante el incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 y que dejó 49 niñas y niños fallecidos y más de un centenar heridos. Copado se encuentra recluido en el centro de detención migratoria de Florence, Arizona, mientras se define su situación legal.
El exfuncionario tiene una sentencia vigente de cinco años y siete meses de prisión por su responsabilidad en los permisos y dictámenes de operación emitidos a establecimientos como guarderías y empresas. Durante su gestión, fue el encargado de firmar los dictámenes de seguridad que avalaban el cumplimiento de medidas de protección civil, documentos que fueron clave en las investigaciones penales contra funcionarios de los tres niveles de gobierno tras la tragedia.
Su captura se produce 16 años después del incendio, en el marco de una nueva serie de acciones judiciales contra implicados en el caso, como la reciente detención y deportación de Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la guardería, quien fue recluida en el Cereso Femenil Hermosillo 1 el pasado viernes. Ambas detenciones reavivaron la exigencia social de justicia ante uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.
Padres de las víctimas, como Patricia Duarte y José Francisco Quintana, han denunciado que la corrupción judicial ha permitido que la mayoría de los responsables sigan libres, pese a los años transcurridos. Cada 5 de junio, miles de personas marchan en Hermosillo para exigir justicia y castigo a los culpables, recordando a las 49 víctimas y señalando la impunidad persistente.
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio subrayó que, a pesar de haber pasado por todas las instancias judiciales, el caso sigue marcado por el retardo en la ejecución de las penas. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la culpabilidad de 22 personas, también ordenó la reducción de sus condenas. Hoy, solo dos implicados —Téllez Nieves y Copado Gutiérrez— han sido detenidos, mientras las familias continúan exigiendo justicia real y reparación integral del daño.
