Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha destinada a visibilizar y erradicar las agresiones que enfrentan mujeres y niñas en todo el mundo. A nivel global, casi una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y cada diez minutos una mujer o niña es asesinada por su pareja u otro familiar. Este año, la campaña internacional pone especial atención en el ámbito digital, convertido en un escenario creciente de agresiones.
La violencia en línea contra mujeres es una amenaza acelerada por la débil regulación tecnológica, la falta de reconocimiento legal en varios países, la impunidad en plataformas digitales y el uso creciente de herramientas de abuso basadas en inteligencia artificial. El 38% de las mujeres ha sufrido violencia digital y el 85% ha presenciado ataques contra otras. La desinformación y la difamación son las formas más comunes, mientras que entre el 90% y 95% de los deepfakes publicados en internet corresponden a pornografía no consensuada cuyo objetivo mayoritario son mujeres.
Entre las mujeres con mayor exposición a este tipo de violencia se encuentran periodistas, políticas, activistas y defensoras de derechos humanos: el 73% de las periodistas reporta agresiones en línea. Los ataques digitales abarcan desde ciberacoso, amenazas, doxeo y suplantación de identidad hasta explotación sexual y difusión no consentida de imágenes. Estas agresiones no se quedan en internet: con frecuencia derivan en violencia física, coerción y feminicidios.
El impacto es aún más severo para mujeres que viven discriminación múltiple, como aquellas con discapacidad, pertenecientes a minorías raciales o de la comunidad LGBTQ+. La ONU advierte que menos del 40% de los países cuenta con leyes para proteger contra el ciberacoso o el ciberacecho, lo que deja desprotegidas a 1,800 millones de mujeres y niñas en el mundo.
La violencia contra las mujeres en general continúa siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas. La Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define estas agresiones como actos que causan daño físico, sexual o psicológico. En México, la ENDIREH 2016 revela que 66% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia en algún momento de su vida; 43.9% por parte de su pareja y 53.1% por otros agresores.
Los datos de procuración de justicia muestran que los delitos más frecuentes son el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8%). Durante la pandemia, la situación empeoró: datos de ONU Mujeres señalan que dos de cada tres mujeres en 13 países sufrieron violencia o conocían a alguien que la vivía, al tiempo que aumentó su vulnerabilidad a la pobreza y a la inseguridad alimentaria.
Las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan riesgos especialmente altos. Factores como dificultades de comunicación, dependencia de cuidadores, aislamiento, barreras para acceder a información y entornos propensos a la violencia las colocan en mayor situación de vulnerabilidad. Aquellas con multideficiencia o discapacidad desde el nacimiento sufren los agresiones más severas.
A ello se suma que el 80% de los refugios para víctimas de violencia en México no son completamente accesibles para mujeres con discapacidad, según INMUJERES. En 2020 había 50 Centros de Justicia para las Mujeres distribuidos en 28 estados, aunque entidades como Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no contaban con ninguno.
Tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan garantizar los derechos y la igualdad para todas las mujeres. Sin embargo, la persistencia de la violencia y la falta de accesibilidad y protección efectiva siguen siendo obstáculos para avanzar en ese objetivo.
En este contexto, México enfrenta el reto de fortalecer mecanismos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. Las instituciones están obligadas a innovar en legislación, políticas públicas y coordinación para erradicar un fenómeno que afecta todos los ámbitos de la vida y que, en su dimensión digital, continúa expandiéndose con rapidez.
