Irene González
A través de una iniciativa la diputada Gloria Himelda Félix Niebla propone que se sancione de acuerdo con lo establecido en el Código Penal para el Estado de Sinaloa la violencia digital y mediática por razón de género.
Indicó que a raíz de que con el uso de las herramientas digitales se han divulgado imágenes, videos y contenido para la materialización de la violencia, lo que se ha venido recrudeciendo en el tejido social, generando la violencia digital.
La legisladora precisó que Sinaloa ocupa el lugar número 23 a nivel nacional con 10 casos registrados de violencia digital contra las mujeres por razón de género de acuerdo al “Informe Violencia Digital, un estudio de perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital”.
Por ello, considera que el tema se debe atender con prioridad para evitar que sigan incrementando el contenido de violencia en las diversas plataformas digitales.
La iniciativa señala que se debe reconocer como modalidad de violencia por razón de género la digital y la mediática, establece medidas y procedimientos para la protección integral de las víctimas a cargo de las autoridades investigadora y resolutoria, así como que se tipifique el delito de comunicación con fines sexuales hacia personas menores de edad e incapaces de entender la naturaleza de los actos para resistirlos.
“La violencia digital posee un impacto múltiple, que no únicamente se ciñe sobre la mujer por su condición de género, sino que adicionalmente tiende a lesionar derechos humanos tan elementales como el de la libertad de expresión “expresó.
De acuerdo a información del Programa de Ciberseguridad y Comisión Interamericana de Mujeres, el 38 se ha reportado un incremento del 38 por ciento del abuso de género en línea, siendo común la distribución no consensuada de imágenes íntimas y actos sextorsión, violencia sexual, ciberhostigamiento y ciberacoso.
Félix Niebla afirmó que continuará trabajando en la defensa de los derechos humanos y beneficio de la vida de las mujeres, niñas y adolescentes con el fin de que se les de certeza jurídica a todos aquellos actos de injusticia por los que son víctimas.