La diputada Juana Minerva Vázquez González dio a conocer una iniciativa de reforma constitucional que busca prohibir expresamente el maltrato animal e impulsar una política pública integral para garantizar el bienestar de los animales en Sinaloa.
La legisladora de Morena explicó que su propuesta contempla modificaciones al artículo 4º y al artículo 91 de la Constitución Política del Estado, con el fin de que el cuidado y la protección de los animales sean reconocidos como una responsabilidad del Estado y de los municipios, y no como un tema opcional o marginal.
Señaló que esta reforma no sólo busca castigar el maltrato, sino fomentar una cultura de respeto, empatía y no violencia desde una perspectiva educativa y humanista.
“Si queremos prevenir la violencia en general, tenemos que comenzar desde la educación, desde el respeto hacia los animales. No es solo prohibir, es transformar”, expresó.
Vázquez González destacó que esta reforma representa la armonización de la legislación local con la reciente reforma constitucional federal en materia de protección animal, pero con un enfoque que garantice programas educativos, campañas de concientización, refugios, adopciones responsables y mecanismos de sanción efectivos.
Aseguró que muchos casos de crueldad y abandono siguen ocurriendo sin consecuencias en varios municipios, por lo que es urgente establecer obligaciones legales claras.
Por su parte, la diputada María Teresa Guerra Ochoa afirmó que no se trata de pensar que con una reforma basta, pero incluirlo en la Constitución es garantizar que lo que ya se ha hecho –como asignar recursos y presionar por acciones reales de protección animal– tenga un respaldo jurídico que lo haga permanente.
«No puede depender del ánimo de cada administración”, expresó Guerra Ochoa.
Como ejemplo, recordó el caso de la fundación Laika, que recientemente fue desalojada del espacio donde operaba.
Esta iniciativa marca el inicio de un proceso legislativo más amplio, que deberá incluir reformas secundarias, reglamentaciones, mecanismos de denuncia ciudadana y, sobre todo, la participación activa de los municipios en la implementación.
“Los animales ya no son considerados simples objetos o propiedad. Son parte de nuestras familias, de nuestras comunidades, y su protección debe estar garantizada en la ley. Esta reforma es una respuesta ética, educativa y estructural ante una realidad que ya no podemos ignorar”, dijo Vázquez González.
