La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, advirtió sobre la falta de legislación que regule la seguridad y convivencia en fraccionamientos privados, conocidos también como “cotos residenciales”, los cuales han presentado complicaciones para el ingreso de autoridades en casos de emergencia o situaciones delictivas.
Indicó que muchas privadas operan bajo reglamentos internos que incluso obstaculizan el acceso a familiares o cuerpos de emergencia, lo cual, advirtió, podría facilitar el ocultamiento de actividades ilícitas. En ese contexto, urgió una modernización del marco legal estatal y municipal en materia de desarrollo urbano y seguridad pública.
“Este tipo de desarrollos inmobiliarios plantea un reto importante: la falta de una legislación clara sobre la convivencia y la seguridad en estos espacios. En la Ciudad de México hay normativas específicas para condominios. En Sinaloa, no”, señaló la legisladora.
La diputada también reconoció el rezago en la asignación de recursos destinados a seguridad. Afirmó que esta situación ha sido denunciada tanto por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública como por el Consejo Ciudadano de Seguridad y otros organismos.
“Hay un rezago presupuestal que no podemos ignorar. Es contradictorio que algunas voces que hoy exigen más recursos hayan sido parte de gobiernos que recortaron presupuesto en áreas clave de seguridad”, subrayó.
Aseguró que no es posible fortalecer las capacidades operativas e investigativas sin una inversión sostenida, por lo que llamó a ver el gasto en seguridad como una inversión estratégica para la paz.
Guerra Ochoa destacó los avances legislativos recientes contra delitos como el «halconeo» y el uso de «ponchallantas», y dijo que es igualmente urgente atender los retos que presenta la transformación urbana. Aunque no presentó una propuesta inmediata, dejó claro que estos temas están en análisis para diseñar una legislación eficaz y acorde a la realidad estatal.
