La diputada Reynalda Leyva Urías, del grupo parlamentario de Morena, propone reformar el artículo 372 del Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer las sanciones contra la quema dolosa de soca y esquilmos agrícolas.
Actualmente, las penas por este delito van de uno a siete años de prisión y multas de quinientas a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La propuesta plantea incrementarlas a dos a ocho años de prisión y multas de setecientas a tres mil quinientas veces la UMA.
Además, se contempla que el juez pueda imponer la inhabilitación temporal para realizar actividades agrícolas en el predio afectado, hasta por un ciclo agrícola, como sanción accesoria.
La iniciativa también establece agravantes que permitirían aumentar las
penas hasta en una mitad más del máximo previsto cuando el incendio provoque daños a la salud pública, viviendas, bienes de uso común o áreas naturales protegidas.
Derive en una contingencia ambiental reconocida por la autoridad competente. Exista reincidencia en la práctica dentro del mismo ciclo agrícola o en ciclos consecutivos.
La quema ocurra en zonas de resguardo ecológico, cercanas a cuerpos de agua, humedales o áreas de especial valor ambiental.
Finalmente, se prevé que el juez pueda ordenar medidas complementarias de reparación del daño ecológico, como la reforestación del área afectada, el saneamiento del suelo o cualquier acción destinada a mitigar los efectos del daño ambiental causado.
