La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal de Derechos que incrementan, a partir de 2026, las cuotas y tarifas de diversos servicios públicos. Con 352 votos a favor y 133 en contra, el dictamen busca optimizar el aprovechamiento de los bienes del dominio público y generar una recaudación estimada de 157 mil 82 millones de pesos. La propuesta fue turnada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
Entre los ajustes más destacados se encuentran los aumentos en los trámites migratorios: los permisos para residentes temporales y permanentes subirán más del 100%, mientras que los visitantes sin permiso de trabajo pagarán 14.2% más. También se establecen descuentos del 50% por razones humanitarias, como reunificación familiar o invitaciones culturales. En materia cultural, se incrementan los precios de acceso a museos y zonas arqueológicas del INAH, como el Museo Nacional de Antropología, Teotihuacán o Chichén Itzá, cuyos boletos pasarán de 95.58 a 209.9 pesos, aunque habrá descuentos del 50% para nacionales y residentes.
El dictamen también contempla nuevos cobros, como una cuota de 297.89 pesos por autorizaciones para abordar embarcaciones de altura —incluidos cruceros— y 294 pesos por la emisión de permisos de salida de menores al extranjero. Asimismo, se ajustan al alza los derechos por servicios migratorios extraordinarios, certificados fitosanitarios para exportación de vegetales y animales, y permisos para aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos, con incrementos que van del 4.5% al 27%.
En el sector financiero, se eleva un 16% el cobro por servicios de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que afectará a bancos, casas de bolsa y fondos de inversión. Además, se actualizan las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico, con el argumento de ampliar la cobertura y mejorar el acceso a telecomunicaciones y radiodifusión. También aumentan 4.5% las tarifas por solicitudes y autorizaciones relacionadas con la compartición de bandas de frecuencia entre dependencias del Ejecutivo federal.
Durante el debate, la diputada Noemí Berenice Luna (PAN) criticó que el gobierno aumente cobros sin mejorar los servicios públicos. Señaló que “suben los derechos migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza; suben los derechos sanitarios, pero los hospitales siguen sin medicinas”. A su vez, el priista Andrés Mauricio Cantú acusó a Morena de aplicar “impuestos disfrazados”, afirmando que “todo se encarece, menos el ingreso de los mexicanos”.
Por otro lado, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) defendió la reforma, asegurando que su objetivo es actualizar derechos y fortalecer instituciones. Explicó que los ajustes en materia migratoria permitirán reforzar la seguridad fronteriza y mejorar la atención humanitaria, mientras que en telecomunicaciones se promoverán incentivos a concesionarios que amplíen cobertura en comunidades rurales, ayudando a reducir la brecha digital.
Con estas modificaciones, el gobierno federal busca modernizar la recaudación sin aumentar formalmente los impuestos. Sin embargo, la oposición advierte que los nuevos costos representarán un golpe directo a los bolsillos de los ciudadanos, al encarecer servicios esenciales como trámites, permisos y accesos culturales. El Senado será ahora quien determine si los ajustes entrarán en vigor tal como fueron aprobados por los diputados.
