La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada del 15 de octubre las reformas a la Ley de Amparo, tras casi 13 horas de discusión y la presentación de más de 300 reservas. La votación concluyó con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, dando luz verde a la minuta previamente enviada por el Senado de la República, que ahora deberá revisar las modificaciones realizadas.
Durante el debate, el diputado Hugo Eric Flores, de Morena, destacó un punto clave relacionado con la retroactividad de la ley. Explicó que, al tratarse de una norma procesal, las etapas ya concluidas que generen derechos adquiridos se mantendrán bajo las disposiciones vigentes al inicio de cada proceso. En cambio, las actuaciones posteriores a la entrada en vigor del decreto estarán sujetas al nuevo marco legal, con lo cual —según afirmó— se garantiza que no haya afectación a derechos ya adquiridos.
El tema de la retroactividad ha sido uno de los más polémicos, ya que en el Senado se había planteado que la reforma podría aplicarse a juicios en curso. Esta propuesta, impulsada originalmente por Ricardo Mejía Berdeja (PT) y Ricardo Monreal (Morena), busca beneficiar a quienes operan con permisos federales anulados, eliminando trabas legales derivadas de revocaciones previas.
Asimismo, los legisladores Julio César Moreno y Mariana Benítez (Morena) presentaron una reserva al artículo 128, con el fin de prevenir daños irreparables causados por actos jurisdiccionales que puedan comprometer el interés social y el orden público. De acuerdo con sus promotores, la reforma pretende agilizar los procesos judiciales y evitar el uso del amparo por parte de personas o empresas que buscan evadir la justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió públicamente la iniciativa, asegurando que el amparo ha sido utilizado de forma desproporcionada por deudores fiscales y grandes empresarios, mientras que la justicia “nunca ha llegado a los más pobres”. La propuesta contempla además reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en busca de un sistema más equitativo y eficaz en la defensa de los derechos humanos y la legalidad constitucional.
