La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permitirá a los usuarios cancelar de forma digital o telefónica las tarjetas de crédito o débito que reciban sin haberlas solicitado, una práctica común de las instituciones financieras que suele generar cobros indebidos y afectaciones al historial crediticio. La iniciativa, impulsada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, fue avalada por unanimidad con 467 votos y enviada al Senado para su ratificación.
Durante la sesión, Monreal explicó que muchas instituciones envían tarjetas no solicitadas a los domicilios y, tras un año, cobran anualidades e intereses moratorios por falta de pago. Esto, dijo, provoca que los usuarios terminen registrados negativamente en el buró de crédito, lo que limita su acceso a financiamiento o inclusión financiera. Por ello, la reforma busca proteger los derechos de los consumidores ante estas prácticas abusivas.
Entre los cambios aprobados a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se establece que las instituciones no podrán cobrar comisiones, seguros o membresías no autorizadas. Además, deberán ofrecer mecanismos presenciales, telefónicos y digitales para cancelar las tarjetas enviadas sin consentimiento, incluyendo un botón visible en sus aplicaciones, banca en línea y portales oficiales, disponible las 24 horas del día y todo el año.
La nueva normativa también fija que la cancelación deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, sin costo ni penalización alguna. Las entidades financieras deberán entregar una constancia digital o física que certifique la terminación del contrato dentro del mismo plazo. Estas medidas buscan garantizar rapidez y transparencia en el proceso, eliminando trabas burocráticas que actualmente desalientan la cancelación.
Monreal reconoció que la implementación de la reforma podría enfrentar resistencia de los bancos y sus cabilderos, pero sostuvo que el objetivo es claro: ampliar la protección a los usuarios. Criticó que, a diferencia de Estados Unidos, donde una llamada basta para cancelar una tarjeta, en México los procedimientos presenciales y las demoras intencionadas “buscan cansar al usuario”, situación que la nueva ley pretende erradicar.
