La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que obliga a los concesionarios y permisionarios de zonas federales marítimo-terrestres a garantizar el ingreso público a las playas. Además, la Secretaría de Medio Ambiente deberá asegurar el paso gratuito a las áreas naturales protegidas al menos un día a la semana.
Para implementar el cambio, se estableció que la dependencia, en coordinación con los municipios, creará un registro nacional de ingreso a playas, a partir de la identificación de las trazas urbanas, semiurbanas y rurales. Legisladores de Morena destacaron que esta reforma busca revertir el proceso de privatización que, durante décadas, ha limitado el acceso de los ciudadanos a espacios que son patrimonio nacional.
En tribuna, el diputado Enrique Vázquez Navarro (Morena) denunció la “privatización silenciosa” de las costas bajo el argumento del desarrollo turístico, lo que derivó en muros físicos y simbólicos que restringieron el acceso público. Hoteles, fraccionamientos y clubes de playa exclusivos, afirmó, no solo cerraron la entrada a las playas, sino que también despojaron a vendedores locales de sus espacios.
El coordinador Ricardo Monreal recordó que este proceso de privatización inició en los años ochenta y destacó que, así como se revirtieron casos como Pemex, CFE y Mexicana de Aviación, ahora corresponde garantizar que las playas permanezcan como bienes nacionales de libre disfrute. En la misma línea, legisladores de oposición coincidieron en que el acceso ordenado a playas y zonas protegidas puede generar ingresos locales y fomentar el cuidado ambiental.
El priísta Miguel Alonso Reyes subrayó la importancia de equilibrar el libre acceso con un turismo responsable que respete protocolos de seguridad, limpieza y manejo de residuos, sin desalentar la inversión privada. La reforma, avalada con 465 votos a favor, será enviada al Senado para su análisis y eventual aprobación.
