Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, diputados y diputadas aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que cita a comparecer a la titular de las Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, el próximo 11 de septiembre, para el análisis del Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la cuenta pública del año fiscal 2022.
En el acuerdo aprobado se señala que el pasado 30 de agosto pasado la Auditoría Superior del Estado entregó a la Comisión Fiscal del Congreso del Estado de Sinaloa los informes de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales.
Asimismo, la información sobre la aplicación de los recursos públicos estatales o municipales asignados a los organismos paraestatales o paramunicipales y órganos constitucionales autónomos, por lo que existe la obligación constitucional de que el Congreso del Estado cite a la Auditora Superior del Estado, para que comparezca ante el pleno del Congreso, con respecto a la información contenida en dichos informes.
Se precisa que la comparecencia para la revisión de los informes aludidos es un tema que solo entraña el contenido de los mismos y que no tiene relación con la evaluación del desempeño de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado.
La Auditora Superior del Estado dio a conocer que hay un monto por 874 millones de pesos de probable daño a la hacienda detectado por la ASE en la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal de 2022 de gobierno del estado, los 18 municipios, paramunicipales y la UAS.
La mayoría de los recursos observados corresponden a la Universidad Autónoma de Sinaloa, los servicios de salud estatal, las secretarías de Obras Públicas y de Agricultura, los municipios de Culiacán, Mazatlán y El Fuerte, así como las Juntas de Agua Potable.
Durante la entrega del Informe General Ejecutivo e Informes Individuales de la Cuenta Pública del 2022 a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Félix Rivera destacó que el monto total observado fue de mil 773 millones de pesos, de los cuales se solventaron durante el transcurso de la auditoría alrededor de 988 millones de pesos.