Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa de ley que busca reformar el Código Penal del Estado de Sinaloa para establecer sanciones más severas contra quienes incumplan con sus obligaciones de asistencia familiar, específicamente el pago de pensión alimenticia.
El diputado Bernardino Antelo Esper dijo que la propuesta contempla la modificación del artículo 240 en sus tres primeros párrafos, así como del artículo 241, y la adición de los artículos 240 Bis, 240 Bis A, 240 Bis B y 240 Bis C.
El coordinador de la bancada priista en el Congreso de Sinaloa manifestó que el objetivo es complementar las medidas administrativas ya existentes con consecuencias penales para los deudores alimentarios reincidentes.
“Esta iniciativa responde a una problemática común en nuestra sociedad: la evasión constante de quienes tienen la obligación legal de brindar sustento a sus hijos. A pesar de los mecanismos civiles y familiares, muchos siguen incumpliendo”, señaló el legislador.
Actualmente, el Registro Estatal de Deudores Alimentarios impide a quienes figuran en él realizar trámites como obtener o renovar licencias de conducir, pasaportes, contraer matrimonio civil, ocupar cargos públicos o ser candidatos a elección popular. También se les retiene un porcentaje de su salario.
La reforma propuesta por la bancada del PRI busca que, además de estas restricciones administrativas, se impongan sanciones penales que incluyan: multas de 40 a 300 UMAS, equivalentes a aproximadamente $4,500 a $34,000 pesos, penas de prisión de uno a siete años, dependiendo de la gravedad y recurrencia del incumplimiento.
“Con esta iniciativa buscamos homologar lo que ya se aplica en otros estados del país, donde se ha logrado reducir el número de deudores alimentarios. Es momento de que Sinaloa se sume a esta dinámica y proteja a los menores que quedan desamparados por la irresponsabilidad de quienes no cumplen con esta obligación básica”, concluyó.
