Diputados y diputadas sostuvieron este lunes una reunión de trabajo con funcionarios de las áreas de finanzas y catastro de los 20 municipios, con el objetivo de consensuar los márgenes de actualización de las Tablas de Valores Unitarios del Suelo y de las Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2026, de las cuales se deriva el Impuesto Predial.
La diputada María Teresa Guerra Ochoa destacó que el propósito es atender propuestas y opiniones de los municipios para que la actualización de las tablas catastrales no sea definida únicamente por el Congreso, sino mediante un proceso de diálogo y consenso.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura invitó a cerrar filas con los gobiernos estatal y federal para enfrentar los retos financieros y de seguridad social en beneficio de la población.
El diputado Ambrocio Chávez Chávez coincidió en que la intención es escuchar y atender las propuestas municipales, de modo que la decisión sobre la actualización sea consensuada y no unilateral. Recordó que en años anteriores la actualización se ha definido con base en el valor de los bienes inmuebles, aplicando porcentajes diferenciados.
El presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Poder Legislativo precisó que los inmuebles de hasta un millón de pesos el ajuste fue de 2.5%, mientras que los inmuebles entre 1 y 3 millones el ajuste fue de 3.0% y los inmuebles superiores a 3 millones el aumento fue de 4.0%
En representación de la Secretaría de Administración y Finanzas, el director del Instituto Catastral de Sinaloa, Eduardo Alarcón López, subrayó que además de la actualización de las tablas, los ayuntamientos cuentan con diversas opciones para incrementar su recaudación sin necesidad de elevar el impuesto predial.
Señaló que este gravamen debe aplicarse conforme a la plusvalía de los bienes inmuebles, y ejemplificó que en algunos municipios se cobra como baldío lo que en realidad es una plaza comercial, lo cual debe corregirse en aras de la justicia fiscal.
Las y los asistentes coincidieron en que se deben aplicar mayores tasas en aquellos municipios que invierten más en obra pública y servicios, garantizando así un esquema de recaudación más justo y equilibrado.
