Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, Roxana Rubio Valdez, consideró como indignante que diputadas de Morena rechacen justicia para las mujeres, ante la votación en la Cámara de Diputados para decidir el futuro del diputado federal Cuauhtémoc Blanco y su petición de desafuero.
¿Dónde quedó eso de “Llegamos todas” y ese “Velaré por los mexicanos sin distingo”?, cuestionó la legisladora.
Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, la solicitud presentada por la Fiscalía de Morelos fue desechada, evidenciando una vez más cómo el fuero sigue funcionando como protección política más que como un mecanismo de justicia.
Indicó que la denuncia por intento de violación presentada por la hermana, Nidia Fabiola Blanco, es un caso que merece ser investigado con absoluta seriedad y transparencia.
Señaló que garantizar justicia para las víctimas debe ser una prioridad, y es fundamental que las instituciones actúen con imparcialidad para esclarecer los hechos y evitar que el poder o los intereses partidistas obstaculicen el acceso a la verdad y a la justicia.
La legisladora panista manifestó que en Acción Nacional siempre se ha defendido la verdad, la justicia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
“Cada denuncia debe ser investigada a fondo, sin importar de quién se trate, porque la dignidad y la seguridad de las personas están por encima de cualquier interés partidista”, afirmó.
Criticó la decisión de la mayoría morenista de desechar el desafuero sin un análisis profundo es un despropósito para quienes toman estas decisiones en la Cámara baja.
“Nosotros no prejuzgamos al acusado, pero mucho menos desestimamos la denuncia de las víctimas. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que se escuche a las víctimas sin distinción.”, puntualizó.
Agregó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier denuncia sea investigada a fondo por los órganos correspondientes, sin importar la identidad de la persona señalada.
Sin embargo, en la Sección Instructora se determinó desechar la solicitud de desafuero sin realizar un análisis detallado de la petición presentada por una fiscalía perteneciente a un gobierno del mismo partido.
Esta decisión dijo ha generado cuestionamientos sobre la coherencia y los criterios utilizados en el proceso.