La revocación de 17.000 licencias comerciales de conducir otorgadas a inmigrantes en California fue confirmada por las autoridades estatales, tras detectarse que los permisos superaban el plazo autorizado de estadía en Estados Unidos. La medida, impulsada por una auditoría federal, ha generado impacto nacional por su efecto en el sector del transporte y por involucrar el estatus migratorio de miles de trabajadores esenciales.
De acuerdo con la Agencia Federal de Seguridad de Autotransporte (FMCSA) y la Secretaría de Transporte de EE.UU., la revisión identificó discrepancias en la vigencia de los permisos. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California reportó las irregularidades después de recibir críticas de la administración federal, que acusó al estado de incumplir con la normativa que vincula la validez de la licencia al estatus migratorio del conductor.
La decisión se enmarca en un contexto de debate nacional sobre la emisión de licencias a inmigrantes. Diversos accidentes protagonizados por conductores sin autorización de residencia intensificaron la presión del gobierno federal sobre los estados que otorgan este tipo de documentos. Según The Associated Press, la alerta inicial surgió tras un accidente fatal ocurrido en Florida en agosto, que involucró a un conductor sin permiso migratorio válido.
Funcionarios estatales indicaron que todos los titulares de las licencias revocadas contaban con autorización de empleo válida al momento de su emisión, pero sus permisos ya no cumplen con los nuevos estándares federales. Cada conductor afectado será notificado formalmente y dispondrá de 60 días para regularizar su situación antes de la expiración definitiva del documento.
La Secretaría de Transporte de EE.UU. informó además que desde septiembre solo podrán tramitar licencias comerciales quienes cuenten con visas H-2A, H-2B o E-2, y que los estados deberán verificar el estatus migratorio en una base de datos federal antes de emitir nuevas licencias. De los 200.000 no ciudadanos que actualmente poseen una CDL válida en el país, se estima que solo 10.000 cumplirán con los requisitos para renovarla o solicitar una nueva.
El gobernador Gavin Newsom defendió la actuación de California, asegurando que el estado siguió las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su vocero, Brandon Richards, acusó al secretario de Transporte, Sean P. Duffy, de “difundir falsedades fácilmente refutables”. No obstante, Duffy afirmó que la revisión “es solo el inicio” de un proceso que busca exigir a todos los estados que retiren licencias a conductores en situación migratoria irregular.
Como parte de las sanciones, la Secretaría de Transporte bloqueó la transferencia de 40 millones de dólares destinados a programas de transporte en California, y advirtió que la cifra podría ascender a 160 millones si se detectan más incumplimientos. La auditoría también encontró que una cuarta parte de las licencias revisadas presentaban otras irregularidades, como la falta de dominio del inglés o la vigencia extendida más allá de la autorización laboral.
El endurecimiento de los controles comenzó en mayo de 2025, cuando el gobierno federal impuso nuevas reglas sobre el conocimiento del idioma inglés y la validación de estatus migratorio. En septiembre, los resultados preliminares de la auditoría concluyeron que muchas licencias no debieron emitirse, y el proceso continúa en al menos cinco estados más, según reportó The Associated Press.
La revocación masiva plantea graves consecuencias operativas para las empresas de transporte en California, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante. Los trabajadores afectados deberán regularizar su situación migratoria o abandonar sus puestos en un plazo de dos meses, mientras las compañías solicitan claridad legal y apoyo gubernamental para cumplir con los nuevos lineamientos federales sin afectar la cadena de suministro.
