Irene González
Culiacán, Sinaloa.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría expedir la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión del Estado de Sinaloa promovida por el gobernador Rubén Rocha Moya, diputados del PAS y Morena, así como también que se derogue el artículo del Código Penal que corresponde a este delito.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Irma Moreno Ovalles del PRI advirtió que el texto aprobado por la Comisión omite de manera expresa la figura de la reparación del daño a favor de las víctimas en su artículo tercero, a diferencia de lo que establece la Ley General.
La legisladora señaló que, si bien se argumenta que la ley federal ya contempla este derecho, resulta preocupante que la legislación local no lo incorpore de manera explícita. “Si estamos armonizando, ¿por qué no se hace completo? ¿Por qué no se integra como lo marca la Ley General?”, cuestionó.
Recordó que el Congreso de Sinaloa ya ha sido señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos anteriores, como el del “halconeo”, por aprobar disposiciones apartadas de la regularidad constitucional.
La legisladora a nombre de la bancada del PRI solicitó que no se suspendiera la segunda lectura del dictamen debido a que el documento junto con 3 más se les había entregado con apenas unas horas de anticipación y necesitaban despejar algunas dudas.
En tribuna la diputada María Teresa Guerra Ochoa subrayó que la reforma aprobada en materia de extorsión representa un avance significativo al elevar las sanciones de 4 a 12 años que contemplaba la legislación anterior, a un rango de 15 a 25 años de prisión, con el propósito de inhibir este delito que afecta gravemente a la ciudadanía.
La legisladora de Morena reconoció las observaciones planteadas por la diputada Irma Moreno y por integrantes del PRI respecto a la premura en la discusión, pero aclaró que se trata de un tema que ha estado en análisis durante semanas y que corresponde a la creación de una “ley espejo” de la legislación federal.
“Lo que debemos destacar es que estamos respondiendo a una exigencia ciudadana. La extorsión se ha convertido en un problema que incluso se origina desde centros penitenciarios. Con esta reforma buscamos sanciones ejemplares y atender también el tema de reparación a las víctimas”, señaló.
Guerra Ochoa explicó que las observaciones fueron atendidas en la Junta de Coordinación Política, aunque no se recibieron propuestas formales por escrito. Reiteró que el objetivo central es dar respuesta a una problemática de seguridad que demanda acciones firmes y congruentes.
Enfatizó que el Congreso está cumpliendo con su responsabilidad de legislar en beneficio de la ciudadanía y de fortalecer el marco jurídico para combatir la extorsión con penalidades más severas y mecanismos de protección más efectivos.
La nueva ley, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, consta de 23 artículos básicos divididos en cuatro capítulos, más tres artículos transitorios, en uno de los cuales se establece que:
“La Secretaría de Seguridad Pública del Estado contará con 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión en el Estado de Sinaloa, prevista en el artículo 22 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión del Estado de Sinaloa”.
