Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz Quiñónez presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa que busca garantizar la presencia de traductores e intérpretes en las unidades médicas que atienden población indígena.
Los legisladores del grupo parlamentario del PAS precisaron que la falta de intérpretes en hospitales y clínicas genera diagnósticos mal comprendidos, trámites administrativos complicados y decisiones institucionales tomadas sin pleno entendimiento, lo que constituye una forma de exclusión estructural y violencia institucional.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte que cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo, lo que implica la pérdida irreparable de conocimientos y tradiciones.
En Sinaloa, pueblos originarios tienen presencia en municipios como San Ignacio, Escuinapa, El Fuerte, Guasave, Choix, Ahome, Sinaloa de Leyva, Angostura, Navolato, Cosalá y Juan José Ríos, lo que exige políticas públicas que reconozcan y respeten su diversidad cultural.
Se propone adicionar el artículo 131 Bis a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, para que las clínicas, hospitales generales y hospitales regionales del Estado que atiendan población indígena deberán contar, de manera progresiva, con al menos un traductor o intérprete de las lenguas originarias de las comunidades que reciben atención.
El personal intérprete deberá poseer conocimiento no sólo de la lengua, sino también de la cultura de las comunidades indígenas, particularmente en áreas sensibles como la atención médica y el trabajo social, con el propósito de garantizar una comunicación clara y eficaz entre el personal de salud y las personas que no dominan suficientemente el idioma español.
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Salud, establecerá un programa progresivo para la incorporación de intérpretes en las unidades médicas que atiendan población indígena, en un plazo no mayor a 12 meses a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.
El Congreso del Estado vigilará el cumplimiento de esta disposición y podrá solicitar informes periódicos a la Secretaría de Salud sobre los avances en su implementación.
“Garantizar intérpretes en los servicios de salud no es únicamente un gesto de sensibilidad cultural; es una obligación jurídica y una condición indispensable para asegurar una atención médica digna, eficaz y libre de discriminación”.
