El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa autorizó por unanimidad al titular del Poder Ejecutivo para que a nombre y representación del estado de Sinaloa, enajene a título de donación gratuita a favor del Gobierno Federal, los terrenos en donde fue construida la presa Santa María, en el municipio de El Rosario.

Con esta aprobación, el gobernador Rubén Rocha Moya, a nombre y representación del estado de Sinaloa, enajenará a título de donación gratuita a favor del Gobierno Federal, por conducto del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), con destino a la Comisión Nacional del Agua, una superficie de terreno de 2,438-98-71 hectáreas (dos mil cuatrocientos treinta y ocho, 98 áreas y setenta y un centiáreas), expropiada a la comunidad de “Santa María y Anexos”, ubicada en el municipio de El Rosario, estado de Sinaloa, destinada para la construcción de la presa Santa María.

Será la Comisión Nacional del Agua a la que se destinará la superficie citada para los fines descritos en el Convenio de Coordinación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2013 y su primer Convenio Modificatorio publicado el 25 de julio de 2017, que suscribieron el Gobierno del Estado y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción de la Presa Santa María en el Municipio de El Rosario, Sinaloa.

Con esta presa se garantiza el abastecimiento de agua para consumo humano y actividades fundamentales de la región, así como proporcionar agua para riego, agua en bloque para uso urbano y de servicios en los municipios de El Rosario y Escuinapa.

La Presa Santa María, con sus obras complementarias, tendrá la capacidad de almacenar 980 millones de metros cúbicos de agua, lo cual permitirá incorporar al riego más de 24,000 hectáreas en beneficio de 429,600 habitantes de los municipios del sur de la entidad; además, tendrá una capacidad de generación de energía eléctrica de 231.3 gwh/año

De acuerdo a la Constitución de México, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

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