Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La denuncia contra los presuntos responsables de las auditorias mal elaboradas por la pasada administración que derivaron en una deuda de 2 mil 200 millones de pesos ante el SAT aún se encuentra en análisis ante la secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
María Guadalupe Ramírez Zepeda recordó que la dependencia a su cargo categorizó como una falta grave este caso y se requiere que las áreas de Sustanciación y Resolución se pongan de acuerdo para determinar dos caminos: una instalar la falta administrativa grave y la otra ante la Fiscalía General del Estado si esto se constituye como un delito.
“Recordemos que hay dos faltas, la administrativa y donde hay un desfalco o una desviación, o simplemente una falla administrativa que provocaron que haya un desgate económico para la entidad, si eso se hizo a sabiendas de que estaba mal hecho, obviamente constituye un delito”, señaló.
En cuanto al delito, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas manifestó que pudiera ser una mala praxis que condicionó al gobierno estatal una sanción que tiene que ver con los impuestos que no se pagaron por las empresas involucradas.