Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado entregó ante el Congreso del Estado a través de la comisión de Fiscalización el resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 2018 en donde de acuerdo a la dictaminación técnica los tres poderes del estado, ejecutivo legislativo y judicial aprobaron.
Mientras que los municipios 11 resultaron aprobados y 7 reprobados, en tanto que los entes estatales y municipales en el que se incluyen las Juntas Municipales de Agua Potable, así como fideicomisos, de las cuales 15 aprobaron y 3 no aprobaron, sin embargo todavía no se puede dar a conocer los nombres de los entes fiscalizados hasta que se concluya el proceso de notificación.
La auditora superior Emma Guadalupe Rivera Félix luego de entregar el informe general ejecutivo e informes individuales a la comisión de Fiscalización dio una conferencia de prensa en la cual informó que se auditaron a 53 entes entre el estado y municipios.
De esta revisión se emitieron 3 mil 086 procedimientos de responsabilidad administrativa y 864 pliegos de observaciones que en total representan 4 mil 384 acciones derivadas de esta revisión implica un importe probable de recuperar por 492 millones de pesos.
Entre las irregularidades que la Auditoría Superior del Estado encontró en las revisiones mencionó que son similares a las encontradas en el informe pasado.
“Hay omisiones en el tema de control interno, en el tema de los comprobantes fiscales, digitales hay ausencia de ellos en algunos casos, en otros hay documentos cancelados, en muchos casos se presenta la omisión en la documentación justificativa de una adquisición, existen observaciones que ustedes ya conocen y que incluso son motivos de nuestras propuestas al congreso es el uso del impuesto predial para rubros no autorizados, igualmente el pago de los sindicalizados”.
La auditora dio a conocer que se incrementó en un 47 por ciento los recursos fiscalizados ya que mientras en el 2017 se fiscalizó un importe de 10 millones 480 mil pesos para el 2018 el importe fue de 15 millones 507 mil pesos.
Félix Rivera señaló que la etapa siguiente a la presentación de estos resultados es la notificación a cada uno de los entes fiscalizados quienes tendrán un plazo para aclarar o justificar las observaciones realizadas y posteriormente procede la dictaminación.
De ahí al obtenerse un dictamen de no solventación el paso siguiente es ir a la dirección jurídica para la calificación por parte de la autoridad investigadora para determinar si la falta cometida por el servidor público es grave o no es grave y si es grave ir al Tribunal de Justicia Administrativa para la sustanciación del juicio correspondiente.
En el rubro de denuncias penales que pudiera derivar de los informes presentados y como resultado del trabajo conjunto entre la auditora, la fiscalía general y la fiscalía anticorrupción y la comisión de fiscalización se ha concluido que cada caso deberá abalizarse en lo individual y votarse la sustanciación de un procedimiento administrativo y de ahí proceder a la presentación de las denuncias penales correspondientes.