La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España emitió un fallo histórico al condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La sentencia, aún no publicada en su totalidad, establece que deberá pagar una multa de diez mil euros, indemnizar con siete mil a la parte afectada y enfrentar una inhabilitación de dos años para ejercer cargo público, lo que lo obliga a abandonar de inmediato su puesto una vez que la resolución sea formalmente redactada.
El veredicto llega tras la reciente vista oral del primer juicio en la historia del país contra un fiscal general en funciones, en el que cinco de los siete magistrados votaron a favor de la condena. La decisión fue anunciada mediante una fórmula excepcional: primero se dio a conocer el fallo y, en los próximos días, se publicará el razonamiento jurídico completo. El tribunal consideró que García Ortiz vulneró el artículo 417.1 del Código Penal, que sanciona la divulgación de información reservada por parte de funcionarios públicos.
Aunque el fiscal general fue absuelto de otros cargos, los magistrados concluyeron que sí incurrió en revelación de datos reservados y le impusieron la pena mínima prevista, evitando la prisión solicitada por las acusaciones, que pedían hasta seis años. La condena incluye una indemnización de 10 mil euros a Alberto González Amador, empresario madrileño y pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los hechos ocurrieron en marzo, cuando se difundió la negociación de González Amador con un juez por un presunto caso de evasión fiscal. Durante este proceso, se hizo pública su identidad y su relación con la mandataria madrileña, y García Ortiz participó en una nota de prensa que incluyó fragmentos textuales de comunicaciones entre la defensa del acusado y la Fiscalía, material reservado cuya divulgación motivó la condena.
Tras conocerse el fallo, el gobierno español declaró que “respeta pero no comparte” la resolución y comenzó los procedimientos para designar a un nuevo fiscal general del Estado, marcando así un episodio sin precedentes en el sistema judicial español.
