Estados Unidos inició este 1º de octubre un cierre administrativo del gobierno (shutdown), el primero en casi siete años, tras el fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos. La Casa Blanca ordenó a las agencias federales implementar planes para un cierre ordenado al no lograrse aprobar una ley de financiamiento antes del fin del año fiscal.
La última votación en el Senado resultó en 55 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para su aprobación. Aunque los republicanos dominan ambas cámaras, requerían siete votos demócratas, lo que no ocurrió. Como consecuencia, 750 mil empleados federales no esenciales fueron suspendidos temporalmente, mientras que trabajadores esenciales como militares seguirán laborando sin sueldo, con pérdidas salariales estimadas en 400 millones de dólares.
Durante el cierre, se mantendrán activos servicios como la patrulla fronteriza, el control aéreo, la atención hospitalaria y las fuerzas del orden. Sin embargo, programas sociales y administrativos se verán limitados: desde la asistencia alimentaria y la educación preescolar con fondos federales, hasta los préstamos estudiantiles, inspecciones de alimentos y parques nacionales. Algunos pagos de seguridad social continuarán, pero con retrasos en verificaciones y emisión de tarjetas.
El último shutdown ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, con una duración de 35 días, el más largo en la historia del país, que provocó una pérdida de 11 mil millones de dólares en el PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Analistas advierten que cada semana de cierre actual podría reducir en 0.2 puntos porcentuales el crecimiento económico estadounidense.
Este tipo de parálisis es especialmente impopular entre la ciudadanía, y se produce en un contexto político delicado con la cercanía de las elecciones legislativas de 2026. Tanto demócratas como republicanos enfrentan presión para llegar pronto a un acuerdo que permita reactivar los servicios federales y minimizar el impacto económico y social.
