El gobierno de Estados Unidos instruyó a todas sus embajadas en América Latina y el Caribe a reportar delitos y violaciones a los derechos humanos vinculados con la migración masiva, así como a evaluar el impacto de políticas nacionales que, a juicio de Washington, faciliten estos flujos.
La directiva, emitida por el Departamento de Estado, forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para presionar a los gobiernos de la región a reforzar el control fronterizo y a combatir de manera más activa a las redes criminales que operan en las rutas migratorias.
En un mensaje público, el Departamento de Estado sostuvo que la migración masiva y las organizaciones que la facilitan han provocado graves afectaciones en Estados Unidos, y llamó a los gobiernos a proteger sus fronteras y a defender a sus ciudadanos de los abusos asociados a estos desplazamientos.
La instrucción enviada a las embajadas incluye la recopilación de información sobre crímenes derivados de la migración irregular, el análisis de políticas gubernamentales que prioricen a los migrantes sobre los ciudadanos y la exhortación a las autoridades locales para tomar medidas frente a lo que Washington considera amenazas a la seguridad hemisférica.
Según el gobierno estadounidense, el objetivo es impulsar una respuesta coordinada contra organizaciones criminales transnacionales que, además de facilitar la migración irregular, estarían involucradas en delitos como trata de personas, explotación laboral, abuso sexual y tráfico de drogas.
El comunicado advierte que millones de migrantes y grandes volúmenes de drogas han llegado a las fronteras de Estados Unidos a través de corredores controlados por redes criminales y terroristas, las cuales —afirma— socavan el Estado de derecho y afectan a ciudadanos de todo el hemisferio.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, la política migratoria se ha endurecido de forma notable, con un énfasis en la seguridad fronteriza y las deportaciones. De acuerdo con cifras oficiales, más de 600 mil personas han sido expulsadas este año y cerca de dos millones abandonaron el país de manera voluntaria, además de aplicarse nuevas restricciones de ingreso y ajustes en programas de refugio y visas.
Este enfoque contrasta con el del gobierno anterior, que priorizaba la cooperación regional y programas para atender las causas estructurales de la migración. La directiva a las embajadas anticipa una mayor presión diplomática sobre los países latinoamericanos para limitar los flujos migratorios y reforzar el combate a las redes criminales asociadas.
