Culiacán, Sinaloa.- Con el objetivo de dar seguimiento puntual a los acuerdos realizados en reunión celebrada el pasado mes de diciembre con representantes de las familias que han tenido desplazamiento interno forzado de sus lugares de origen, hoy se llevó a cabo la segunda reunión intersecretarial Entre los temas principales que se revisaron fueron la metodología, protocolo y dimensiones que abarcará el censo que inicia este en marzo y tendrá una duración en su levantamiento de máximo 6 meses; además se acordó la fecha para la entrega de la primera remesa de apoyos productivos y las condiciones de terrenos en algunos Municipios para gestionar subsidio de programas federales para la adquisición de vivienda.
Durante su participación el Secretario de Desarrollo Social Álvaro Ruelas Echave, externó que la indicación del Gobernador Quirino Ordaz Coppel es que se atienda de manera puntual y de forma inmediata a las familias que hayan sido forzadas a dejar su lugar de origen, de esta forma indicó que la realización del censo aportará toda la información necesaria para que Sinaloa sea el primer Estado en el País en contar con la estadística real de todas las personas que viven en esta situación, y, además nos servir para promover políticas públicas enfocadas en la problemática que encuentre cada familia para resolver de fondo las necesidades de este sector vulnerable de la población.
Por su parte el Delegado Jaime Montes acordó realizar las gestiones necesarias con el Gobierno Federal para obtener recurso a través de la Secretaria de Gobernación y de los organismos de vivienda federales que puedan ayudar aumentar el recurso en el subsidio de vivienda.
Entre los principales acuerdos que se tuvieron son; iniciar con la entrega de apoyos productivos a partir del 7 de marzo mismo que podrá ser en efectivo o en especie, establecer las políticas de vivienda con el recurso que fue aprobado por el H. Congreso del Estado, buscar subsidio federal para la adquisición de vivienda, atención psicológica en las Unidades Médicas de Salud Mental, la Secretaria de Desarrollo Sustentable realizará el estudio técnico de un terreno en Mazatlán y en paralelo revisará reservas territoriales de Gobierno del Estado en los Municipios de Guasave, Culiacán, Salvador Alvarado y terrenos de los Municipios de Sinaloa de Leyva y Concordia.
Se acordó gestionar la continuidad de la operación de 3 comedores comunitarios en donde hay una buena asistencia de personas desplazadas en Mazatlán y dentro del presupuesto que se tiene para la atención a desplazados contar con un fondo para atención de casos de salud urgentes que no cubran el seguro popular o alguna otra institución a la que tengan derecho.
La reunión fue presidida por el Secretario de Desarrollo Social Álvaro Ruelas Echave, el Delegado de Programas Federales Jaime Montes Salas, estuvieron además Crescencio Flores, representante del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Miguel Ángel Calderón Visitador de la CEDH, Ernesto Gaxiola Director de Derechos Humanos de la SGG, el Subsecretario de Desarrollo Urbano Efraín Perea, Dr. Héctor Alcántara de la Secretaria de Salud, Ulises Medrano de DIF Sinaloa y Hussein Muñoz Helú y grupo de académicos de la UAdeO. Por parte de los representantes de las familias desplazadas estuvieron: Esperanza Hernández, Miguel Ramírez, Miguel Gutiérrez, Joel Leyva y Óscar Loza Ochoa.
“Los apoyos productivos que se otorgarán para familias del se destinará para personas que quieren poner su negocio como son: cocina, estéticas, panaderías, abarrotes, papelerías, ciber, entre otras cosas. La mayoría de estos desplazados son mujeres las cuales son el sustento de su familia y se emplean ellos y crean 1 o 2 empleos más, “esta gente que está solicitando el apoyo sabe y puede hacer este tipo de trabajo, en el caso de los hombres solicitan para taller mecánico y de carpintería principalmente”. Indicó Miguel Gutiérrez.
Hoy establecimos una ruta más clara para resolver el problema de esa restitución de condiciones de vida de los desplazados por violencia y en ese sentido “estamos agradecidos en principio con el Gobierno del Estado, pero también muy vigilantes para que todos los acuerdos se cumplan”; Miguel Ramírez Jardines.
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