El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó en su más reciente Monitor Fiscal que el mundo está cerca de alcanzar un nuevo máximo histórico de endeudamiento. Según el organismo, la deuda pública global superará el 100% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2029, el nivel más alto desde 1948. Este incremento, señaló el informe, responde a desequilibrios fiscales persistentes y al endurecimiento de las condiciones financieras, con una tendencia “más alta y pronunciada que la proyectada antes de la pandemia”.
En América Latina, el reporte identifica a Brasil, Argentina y Uruguay como los países con mayores niveles de endeudamiento. Brasil lidera con una deuda equivalente al 91.4% de su PIB, que podría llegar al 95% en 2026. A pesar de su tamaño económico, enfrenta un gasto público elevado, demandas sociales crecientes y desequilibrios estructurales. Aunque mantiene cierta confianza en los mercados, el FMI advierte que su sostenibilidad fiscal continúa siendo un punto vulnerable.
Argentina, por su parte, registra una deuda proyectada de 78.8% del PIB para 2026. El país atraviesa un ciclo de endeudamiento y déficit crónico, complicado por una inflación persistente y recurrentes tensiones políticas. Las negociaciones con el FMI y las dificultades para reducir el gasto social sin agravar la crisis social mantienen a su economía en una situación de fragilidad.
Uruguay, aunque con una deuda menor (66.6% del PIB), enfrenta limitaciones derivadas de su tamaño económico. Su estabilidad institucional y la mayor proporción de deuda en moneda local son ventajas, pero su margen de maniobra fiscal es reducido. El principal desafío del país es preservar la disciplina presupuestaria sin frenar el crecimiento ni comprometer la inversión pública.
En conjunto, el informe del FMI advierte que la deuda pública sigue siendo uno de los mayores riesgos para la estabilidad económica en América Latina. Los casos de Brasil, Argentina y Uruguay reflejan un mismo dilema: cómo impulsar el crecimiento sin agravar la deuda. Este equilibrio, apunta el organismo, será determinante para la credibilidad y la sostenibilidad fiscal de los gobiernos en los próximos años.
