El gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, en el marco de una ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos, confirmaron a El Financiero dos funcionarios mexicanos. La medida afecta tanto a integrantes de Morena como a figuras de otras fuerzas políticas, y representa un uso inédito de herramientas diplomáticas para presionar a México en materia de seguridad.
De acuerdo con los reportes, esta acción es mucho más amplia de lo que se había informado previamente y ha causado preocupación en la clase política mexicana, acostumbrada a viajar con frecuencia a Estados Unidos. Tres exembajadores estadounidenses consultados por la agencia señalaron que otras administraciones también han revocado visas, pero nunca de forma tan extensa ni dirigida a funcionarios en activo, lo que marca una escalada sin precedentes en la cooperación bilateral.
Una de las fuentes citadas detalló que más de 50 miembros de Morena fueron afectados, junto con decenas de otros partidos, aunque no se pudo verificar los nombres de todos los involucrados. Hasta ahora, solo cuatro políticos han confirmado públicamente la revocación, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado y calificó la medida como injustificada.
Según las leyes estadounidenses, el gobierno no tiene obligación de explicar las razones detrás de la cancelación de una visa, ya que este proceso requiere un umbral más bajo que una sanción formal o una acción judicial. Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó que las visas “pueden revocarse en cualquier momento por actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”, sin ofrecer más detalles sobre los casos específicos.
En su declaración, el funcionario agregó que la administración Trump mantiene una relación de trabajo productiva con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y que ambas naciones buscan avanzar en la agenda bilateral bajo el principio de “América Primero”. Sin embargo, la estrategia se extiende más allá de México: Washington también ha aplicado revocaciones similares en otros países latinoamericanos a personas consideradas adversarios políticos o ideológicos, evidenciando un uso más político de esta herramienta diplomática.
